Grave denuncia contra el vicegobernador Leguizamón por violencia institucional y de género
La diputada Lorena Ponce denunció que fue agredida verbalmente por el presidente de la Legislatura en su despacho. El hecho ocurrió antes de la última sesión y derivó en una presentación formal ante la Oficina de Violencia de Género. El oficialismo intenta desviar el foco, mientras crece la indignación por el intento de censura.
Un episodio de extrema gravedad institucional sacudió la Cámara de Diputados de Santa Cruz. El vicegobernador Fabián Leguizamón fue denunciado por la diputada opositora Lorena Ponce, quien aseguró que sufrió agresiones verbales por parte del funcionario durante una reunión oficial desarrollada en su despacho. La denuncia fue respaldada por el bloque Unión por la Patria, que emitió un comunicado exigiendo una investigación urgente. Por su parte, el vicegobernador niega los hechos y acusa una maniobra política.
El incidente ocurrió en una reunión entre autoridades parlamentarias, previa a la sesión ordinaria del jueves 24 de abril. Allí, según testigos, Ponce —diputada por 28 de Noviembre y vicepresidenta de su bloque— fue objeto de gritos e insultos por parte de Leguizamón. La legisladora debió ser atendida por personal médico y más tarde radicó una denuncia en la Oficina de Violencia de Género.
Como si no fuera suficiente, durante la sesión legislativa, cuando la diputada Agostina Mora intentó manifestarse en repudio al hecho, la transmisión oficial fue cortada abruptamente en el minuto 2:56:05. Esta censura desató aún más críticas y sembró dudas sobre el compromiso democrático de las autoridades de la Cámara.
El bloque Unión por la Patria emitió un comunicado contundente: calificó lo sucedido como violencia institucional, política, de género y laboral. “No puede permitirse que el ejercicio del poder se convierta en un espacio donde se naturalicen los abusos y la impunidad”, expresaron.
En redes sociales, el vicegobernador respondió con una versión totalmente distinta. Alegó que la discusión se originó a raíz de un descuento salarial de $1.200.000 por inasistencias del bloque opositor, y afirmó que fue Ponce quien tuvo "exabruptos verbales". Aun así, su ausencia durante la sesión posterior y el manejo institucional del episodio dejaron más preguntas que respuestas.
Por su parte, la diputada Ponce rompió el silencio con un extenso posteo en redes sociales. Relató situaciones previas de hostigamiento, comentarios misóginos y destrato por parte de Leguizamón. “Intenté evitar la confrontación, pero todo tiene un límite. A ese límite lo pongo yo”, afirmó. Según su testimonio, lo ocurrido no fue un hecho aislado sino parte de una conducta sistemática.
Más allá de las versiones cruzadas, los hechos son alarmantes: una diputada sufrió un episodio de violencia institucional dentro de la propia Legislatura, y se intentó silenciar el repudio público. La democracia exige algo más que declaraciones: exige verdad, justicia y garantías para que las instituciones no sean espacios de abuso.
El oficialismo tiene la responsabilidad de actuar con celeridad y transparencia. No se trata de un conflicto partidario. Se trata de los límites del poder, del respeto por las mujeres en la política y del compromiso real con los valores democráticos.
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