Intervenir la Justicia: la legalidad institucional puesta en jaque

Las declaraciones del Vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, habilitando una posible “intervención” del Poder Judicial en la provincia, abrieron un cráter en el corazón mismo de la institucionalidad provincial. Y no es para menos: se trata del Vicegobernador de una provincia planteando una intromisión en uno de los poderes del Estado, violentando toda legalidad y habilitando un camino que roza el autoritarismo con una mirada absolutamente totalitaria sobre el rol y potestad de las instituciones de la república.

Ni siquiera el propio gobernador -que no ha escatimado críticas hacia el funcionamiento de la Justicia en Santa Cruz-, se animó a plantear la posibilidad de ir por una avanzada contra el Poder Judicial, una acción que dejaría en evidencia la poca tolerancia y ponderación que la figura gubernamental tendría sobre un estamento que tiene un respeto institucional más allá de quienes sean sus integrantes y el desempeño de los mismos.

El Vicegobernador -quien además es el Presidente de la Cámara de Diputados-, debe considerar la peligrosidad que expresiones de este tipo conllevan, atentando abiertamente hacia las instituciones, apartándose de los preceptos más fundacionales de la Constitución provincial y dejando dudas sobre el sentido de poner en jaque tan graciosamente a la propia democracia.

“Tenemos que buscar todos los mecanismos legales que tengamos a mano para presentarnos en distintos ámbitos judiciales, sea en la provincia, a nivel nacional, y avanzar en la intervención. Entiendo que tenemos pruebas más que suficientes para poder intervenir el Poder Judicial de Santa Cruz. Solo hay que juntarlas y mostrarlas” aseguraba Leguizamón en una entrevista con la prensa, sin atender que sus palabras abrieron así un peligroso camino de impertinencia con una mangoneada directa hacia la división de poderes del Estado y sus instituciones.

Frente al constante menoscabo que la política y sus dirigentes realizan de las estructuras del Estado en la actualidad, recargando tintas sobre estamentos y funciones de quienes ocupan cargos públicos, sería importante que se aclare el espíritu que motivó los dichos del alto funcionario, para desandar claramente si se trata de una declaración consensuada e impulsada también por el Gobierno provincial en su conjunto, o si se trató solo de una simple expresión expuesta desde la tribuna política, sin dimensionar el alcance y las implicancias que la misma iba a desencadenar.

La gravedad y peligrosidad de lo dicho, reclama una pronta aclaración para erradicar los fantasmas de una actitud golpista frente a la gestión de un Gobierno que pregona cambios después de décadas de desidia y abandono, verdaderas transformaciones que significan cambios estructurales, pero dentro de la legalidad y la reverencia que impone la vida democrática en todas sus manifestaciones.

El exabrupto obliga al Vicegobernador a poner luz sobre sus dichos, sobre el espíritu que motivó sus conclusiones, y sobre la dimensión que sus palabras adquirieron y el impacto institucional que tienen. El cargo que ostenta lo fuerza necesariamente hacia una pronta aclaración, por el valor mismo que las palabras tienen en quien no es otro que el segundo en la línea de poder político de la provincia.