El Tribunal Superior de Justicia de la provincia hizo caso al pedido del estudio de abogados Luciani-Fernández para apelar el fallo contra el subcomisario Méndez por el homicidio culposo de Gustavo Gerez, el joven que fue encontrado sin vida en la Comisaría Primera de Caleta Olivia.
Fuentes judiciales indicaron que, hace unas semanas, el estudio de abogados a cargo de la querella del caso que conmocionó a la ciudad de El Gorosito había presentado la apelación y en los últimos días esta había sido concedida.
Ahora se espera que el TSJ dé a conocer la fecha para analizar la continuidad del caso, que nuevamente fue abierto.
En este contexto, EL MEDIADOR dialogó con Doctora Pamela Fernández, abogada patrocinante de la familia de Gustavo Gerez quien dijo “nosotros presentamos el recurso de casación del 8 de agosto porque consideramos que la sentencia no solamente es errónea en cuanto a los derechos sino que es una sentencia arbitraria, no se tomaron en cuenta las pruebas que han sido presentados ni los testimonios civiles y se dejaron de lado las pruebas y los peritajes por parte del perito de parte”.
Ahora se le va a dar espacio y tratamiento en el superior tribunal de justicia de Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos.
“Nosotros apelamos en principio por la absolución que el tribunal dio sin ningún tipo de motivos del subcomisario Méndez, y también en el juicio pedimos que estén imputados el resto de los oficiales que participaron de este operativo violento a lo cual tampoco se dio lugar, por lo tanto también lo manifestamos en el recurso de casación”, expresó la abogada.
“En cuanto al homicidio culposo, nosotros con referencia a la caratula que la estableció el fiscal de la causa, teníamos una discrepancia, en cuanto a la calificación legal no era la adecuada homicidio culposo, pedíamos homicidio simple por cómo ocurrieron las cosas”, detalló.
La sentencia
El pasado 10 de julio el Tribunal Oral decidió absolver al subcomisario Alberto Méndez del “Homicidio Culposo” de Gustavo Gerez, por el cual era el único imputado. El presidente leyó el fallo y lamentó que no se hallaran en el recinto los abogados de la querella. El Cuerpo declaró la nulidad de la acusación querellante, por traducirse en una “violación de la defensa en juicio”.
En esa oportunidad los abogados querellantes que representan a familiares de la víctima, Alberto Luciani y Paola Fernández, habían demandado que el caso fuera encuadrado como un “Homicidio Simple”, agravado por apremios ilegales y torturas seguidas de muerte, por lo cual solicitaron 20 años de prisión para el oficial que revistaba en el Comando Radioeléctrico cuando se produjo el caso que cobró trascendencia nacional.
Por su parte, el fiscal de Cámara, Carlos Rearte, y el fiscal de Instrucción, Carlos Borges, habían pedido 4 años de prisión y 5 de inhabilitación en el ejercicio de la profesión, entendiendo que en la causa que se elevó a juicio se le imputó expresamente el delito de “Homicidio Culposo” (no intencional), por el cual el Código Penal establece penas menores.
El hecho
Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana del 18 de septiembre de 2016. Gustavo se encontraba caminando erráticamente a unas cuadras del monumento al trabajador petrolero, cuando fue visto por un móvil policial que realizaba un patrullaje por la zona.
De acuerdo a la información oficial, Gerez se habría mostrado reacio ante la presencia de la Policía y fue ingresado en calidad de contraventor a la Seccional Primera.
Lo que sucedió dentro de la dependencia sólo lo conocen los 14 agentes que se encontraban de turno, pero cerca de las 8 de la mañana del lunes el Dr. Maidana, forense de la ciudad, certificó la muerte de Gerez por ahogamiento con su propio vómito.
El cuerpo del joven fue entregado horas después a la familia, pero fue su hermana, Sandra, quien vio cómo había quedado Gustavo: presentaba las manos con marcas de precintos y golpes en los omóplatos, en la cadera y en la cara. Marcas que mostraban que, evidentemente, Gustavo había sido golpeado ferozmente.
Sandra sacó fotos del cuerpo y se las llevó al fiscal Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quien a esa hora ya le había pedido al juez Mario Albarrán que apartara a la Policía de Santa Cruz de la investigación y secuestrara los libros de guardia del domingo.
