Luego de un extenso debate, el Senado de la Nación convirtió en Ley el Proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contribuirá a salir de la crítica situación en la que se encuentran millones de argentinos y argentinas.
“Dónde estaban los legisladores oficialistas durante estos años que gobernó Macri, que hoy los santacruceños tienen que elegir entre comer o pagar servicios” se preguntó la Senadora Ianni, señalando que “frenaron la producción dejando sin empleo a nuestros trabajadores de la construcción y los petroleros, dolarizaron las tarifas de los servicios públicos y nos quitaron los subsidios, y hasta mintieron acusándonos de desperdiciar el gas calefaccionando las veredas; nos dejaron sin vuelos y triplicaron las tarifas cerrando los cielos de Santa Cruz, perjudicaron a YCRT y al Hospital Samic, dejando de pagar a sus jubilados y las cargas previsionales de los trabajadores, y provocando el vaciamiento de ambas instituciones”.
Sobre el destino de la recaudación del impuesto PAIS, Ianni destacó especialmente que el 30% se destina a financiar obras de infraestructura económica y vivienda social, al fideicomiso del Programa de Integración Socio Urbana – que financia las obras de integración de los barrios incluidos en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares – y a fomentar el desarrollo del turismo nacional, lo que contribuye a reactivar las economías regionales, incentivado el desarrollo de las Pymes que se verán beneficiadas con las medidas incluidas en esta Ley, “y por las que debemos seguir trabajando porque su reactivación se traduce en producción, empleo y trabajo”.
“Ahora vinimos a hacer lo que hay que hacer – agregó Ianni - fomentar un Estado promotor en base a consensos, tenemos un compromiso asumido a través del voto popular y es donde debemos poner la mirada por un país con mayor justicia social”.
En la sesión también se aprobó la Ley de Consenso Fiscal que ahora deberá ser debatida en la cámara baja. Al respecto Ianni destacó que brinda “autonomía en un marco de federalismo y consenso” en contraposición con el Pacto Fiscal del Gobierno anterior que fue extorsivo, confiscatorio e incumplido por el Poder Ejecutivo Nacional, provocando un grave perjuicio en las provincias.
