A la espera del plebiscito, finalmente la ley de megaminería quedó sin efecto en la provincia de Chubut. La decisión surgió luego de que el gobernador Mariano Arcioni escuchara los reclamos de la gente de esa provincia, tras los incidentes en las calles y las protestas. Ahora los reclamos están focalizados en la legislatura provincial, donde una vigilia de manifestantes aguarda por el tratamiento del tema.
El gobernador Mariano Arcioni decidió ayer derogar la ley de zonificación minera, a seis días de conseguir su aprobación en la Legislatura de Chubut. La marcha atrás se dio en el marco de una fuerte rebelión popular, que ocasionó varios incidentes, incluyendo el ataque a la redacción del diario El Chubut.
Tras el anuncio, el mandatario provincial convocó a un plebiscito para que sea el pueblo de Chubut quien determine los pasos a seguir con un proyecto que, desde su presentación, provocó una fuerte polémica y que consiguió un hecho inédito a nivel local: el quiebre de la grieta política en favor y en contra de la ley.
“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, inició el gobernador.
Y confirmó que “hemos decidido derogar la ley e Impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo. Durante este tiempo abriré un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”.
Arcioni comunicó lo resuelto luego de un claro bloqueo político de parte de buena parte de aquellos dirigentes que la semana pasada instaron por un voto positivo pero que, en vistas del clamor popular, tomaron la decisión de dar marcha atrás y reconsiderar su postura. Es así que tanto el vicegobernador y presidente de la Legislatura y el intendente de Puerto Madryn, Ricardo y Gustavo Sastre, respectivamente, tomaron la decisión de plantarse ante el gobernador para exigirle dar de baja la ley.
“Como dirigente debo reconocer el comportamiento de los vecinos de mi ciudad, que han salido a marchar en las calles en forma pacífica”, aseguró el jefe comunal antes de confirmar que vetará la ordenanza del HCD local que días atrás adhirió a la zonificación minera en respaldo a su propio jefe político.
FUENTE: Ámbito.
