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El Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, presentó ante la Justicia Federal un recurso de amparo contra el Estado Nacional para que se declare inconstitucional el Decreto 702/2018 que establece un recorte en las asignaciones familiares.
LA PROVINCIA 31 de julio de 2018 EL MEDIADOR






El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, interpuso un recurso de amparo contra el Estado Nacional para que se declare inconstitucional el Decreto 702/2018 que establece un recorte en las asignaciones familiares.


“Decreto 702/2018 en tanto resulta violatorio del derecho humano a la seguridad social al contravenir la obligación internacional de progresividad en la protección de los derechos humanos que impide menoscabar los derechos existentes en materia de seguridad social”, se indica en la presentación.
Además, se resalta que la resolución del Poder Ejecutivo Nacional “resulta violatorio del principio de dignidad de las personas reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 1° Declaración Universal de los Derechos Humanos; y Preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como así también de toda la normativa nacional e internacional que seguidamente se citará relativos a la protección integral de niños, niñas y adolescentes”.
En este contexto, Claudio Silva visitó los estudios de EL MEDIADOR y en diálogo sostuvo "recurrimos a la justicia porque creemos que es el ámbito donde nos van a dar una respuesta que va a ayudar a ver si podemos retrotraer esta medida y tiene que ser inmediato".
"Ahora esperamos la respuesta de la justicia, queremos escuchar de la justicia que defienden el carácter alimentario que tiene esta asignación familiar, que eso está protegido por los derechos constitucionales del niño, por la constitución nacional", aseveró Silva.





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El Secretario General de ATE Río Turbio dijo que “es positivo” haber sostenido los puestos de trabajo y destacó el compromiso en la producción de carbón. Remarcó que falta inversión en maquinaria y vehículos, y hace dos años no reciben indumentaria. Por último, pidió “tener fe y esperanza de que YCRT puede ser productiva”.

“Vuelven a reincidir en el robo los mismos personajes que hemos detenido una y otra vez”, cuestionó el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad provincial. “La justicia tiene que ser más rígida”, reclamó. También remarcó que la situación económica es compleja y genera irritación y violencia.

Tras aprobarse el Presupuesto de la Legislatura para el año entrante, la Cámara de Diputados de Santa Cruz alquiló un nuevo edificio para su nuevo anexo. Se trata de las oficinas ubicadas en la esquina de las calles Sarmiento y Pellegrini de la capital provincial.



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La Justicia norteamericana incluyó a su esposa y su hijo en la acusación por narcotráfico y alianzas con grupos armados.

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