La iniciativa presentada por el oficialismo busca crear un "Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario" para tener control sobre estos inmuebles.
EL PAIS31 de agosto de 2023
En medio de la discusión en torno a la Ley de Alquileres, el Senado empezará a tratar este jueves desde las 11:30 horas otro de los temas que preocupan a los inquilinos en todo el país que es la regulación de locación temporaria de inmuebles con fines turísticos.
En un plenario de las comisiones de Legislación general y de Turismo, la Cámara alta tratará el proyecto que busca regular los alquileres temporarios que presentó la senadora santacruceña del Frente de Todos Ana María Ianni.
Según el texto del proyecto, para que la locación de un inmueble sea considerada de alquiler temporario debe rentarse entre 1 y 90 días.
Además detalla que están afectados "los propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico".
El proyecto apunta a la creación, en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación -o el organismo ligado al turismo que lo reemplace en el futuro- del "Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario".
Alquileres temporarios: cuáles serían las condiciones para las aplicaciones
En uno de sus artículos, señala una serie de requisitos para las plataformas que ofrezcan este tipo de alquileres.
Detalla que "las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, deberán: habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler".
FUENTE: Ámbito.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.
Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.
El oficialismo armó las comisiones donde se aseguró la mayoría para avanzar con esta iniciativa clave para el Gobierno.
Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
El Gobierno envió este jueves al Senado la iniciativa que buscará aprobar en sesiones extraordinarias
Estaban registradas en las categorías menores.
El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.
El Secretario General del SOEM de Río Gallegos rechazó el proyecto de Modernización Laboral y aseguró que “no hay ninguna buena” para los trabajadores. Advirtió que “es el puntapié para el avance en otras reformas estructurales que también van a golpear a las provincias y a los municipios”.
La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados instó a movilizarse en rechazo a la reforma laboral. También celebró que se haya dado marcha atrás con la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. “No lo pudieron imponer y esto tiene que ver con la lucha”, afirmó.
El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos dijo que se realizan tareas de prevención y promoción de la salud tanto en el Boxing, como en La Rural y la Peatonal. “Contamos con la colaboración de la Cruz Roja, el Hospital Regional y este año también con UDEM”, indicó.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
