Federación Económica de Santa Cruz reclama ante la Justicia por tarifas de Gas

La Federación, adherida a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), presentó un recurso de amparo colectivo como medida para frenar los recientes aumentos en las tarifas de gas que afectan a los comerciantes de la provincia. Estos incrementos, aplicados a partir de abril de 2024, derivan de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual fijó aumentos progresivos en el valor del gas natural al momento de su ingreso al sistema de transporte.

Los nuevos valores superan significativamente el promedio del gas natural en comparación con las referencias internacionales, especialmente durante los meses de invierno.

El recurso de amparo también critica la Resolución N° 122/24 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que establece los cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas del Sur

S.A. y la subdistribuidora Distrigas S.A. La Federación argumenta que estos cuadros tarifarios no cumplen con los principios de protección de los usuarios, tal como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo anterior del año 2016.

Al día de la fecha, el caso está pendiente del dictamen del Ministerio Público Fiscal, indispensable para que la jueza federal decida sobre la admisibilidad formal del amparo y la medida cautelar solicitada, que busca suspender la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de abril de 2024. Además, la magistrada tiene en su poder procesos similares iniciados por la provincia de Santa Cruz en representación de los usuarios residenciales, en los cuales se han dispuesto incrementos transitorios inferiores a los establecidos por la Secretaría de Energía y el ENARGAS.

La Federación Económica, en representación del sector PyME de Santa Cruz, recalca que la ley que permite estos incrementos, (Ley N° 24.076), fue dictada en 1992 bajo la convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso argentino, sin actualización por inflación. Con la derogación de la convertibilidad en 2002 y las posteriores devaluaciones, los usuarios quedan desprotegidos frente a modificaciones cambiarias, lo que va en contra de los principios de accesibilidad y racionalidad en la determinación de tarifas de servicios públicos.

Los comerciantes, productores y pequeños industriales de Santa Cruz, no pueden seguir soportando incrementos desmedidos en un contexto económico ya de por sí complicado, y es necesario proteger a los usuarios de las distorsiones tarifarias y garantizar un servicio accesible y equitativo.