La Federación Económica de Santa Cruz ha presentado esta semana un recurso de amparo contra los incrementos en las tarifas de gas que afectan a los comerciantes de la provincia, alegando falta de justificación y distorsiones en los precios en comparación con referencias internacionales.
LA PROVINCIA 13 de junio de 2024
La Federación, adherida a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), presentó un recurso de amparo colectivo como medida para frenar los recientes aumentos en las tarifas de gas que afectan a los comerciantes de la provincia. Estos incrementos, aplicados a partir de abril de 2024, derivan de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual fijó aumentos progresivos en el valor del gas natural al momento de su ingreso al sistema de transporte.
Los nuevos valores superan significativamente el promedio del gas natural en comparación con las referencias internacionales, especialmente durante los meses de invierno.
El recurso de amparo también critica la Resolución N° 122/24 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que establece los cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas del Sur
S.A. y la subdistribuidora Distrigas S.A. La Federación argumenta que estos cuadros tarifarios no cumplen con los principios de protección de los usuarios, tal como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo anterior del año 2016.
Al día de la fecha, el caso está pendiente del dictamen del Ministerio Público Fiscal, indispensable para que la jueza federal decida sobre la admisibilidad formal del amparo y la medida cautelar solicitada, que busca suspender la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de abril de 2024. Además, la magistrada tiene en su poder procesos similares iniciados por la provincia de Santa Cruz en representación de los usuarios residenciales, en los cuales se han dispuesto incrementos transitorios inferiores a los establecidos por la Secretaría de Energía y el ENARGAS.
La Federación Económica, en representación del sector PyME de Santa Cruz, recalca que la ley que permite estos incrementos, (Ley N° 24.076), fue dictada en 1992 bajo la convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso argentino, sin actualización por inflación. Con la derogación de la convertibilidad en 2002 y las posteriores devaluaciones, los usuarios quedan desprotegidos frente a modificaciones cambiarias, lo que va en contra de los principios de accesibilidad y racionalidad en la determinación de tarifas de servicios públicos.
Los comerciantes, productores y pequeños industriales de Santa Cruz, no pueden seguir soportando incrementos desmedidos en un contexto económico ya de por sí complicado, y es necesario proteger a los usuarios de las distorsiones tarifarias y garantizar un servicio accesible y equitativo.
El Secretario General de ATE Río Turbio dijo que “es positivo” haber sostenido los puestos de trabajo y destacó el compromiso en la producción de carbón. Remarcó que falta inversión en maquinaria y vehículos, y hace dos años no reciben indumentaria. Por último, pidió “tener fe y esperanza de que YCRT puede ser productiva”.
“Vuelven a reincidir en el robo los mismos personajes que hemos detenido una y otra vez”, cuestionó el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad provincial. “La justicia tiene que ser más rígida”, reclamó. También remarcó que la situación económica es compleja y genera irritación y violencia.
Tras aprobarse el Presupuesto de la Legislatura para el año entrante, la Cámara de Diputados de Santa Cruz alquiló un nuevo edificio para su nuevo anexo. Se trata de las oficinas ubicadas en la esquina de las calles Sarmiento y Pellegrini de la capital provincial.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso el corte total de tránsito en varios tramos clave de la provincia debido a una alerta naranja del SMN. La medida rige este sábado 27 de diciembre entre las 10 y las 18 horas, ante ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
Si bien fue aprobado en la sesión del pasado miércoles, las diferencias obligaron al Vicegobernador a dirimir la votación con su voto. Pidieron enviar el expediente a Comisiones para reasignar partidas pero se rechazó. Piero Boffi renunció a la Presidencia del Bloque.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que la medida estará alcanzada a funcionarios, partidarios, empresarios y otras personas apuntadas de colaborar con el gobierno chavista
