Federación Económica de Santa Cruz reclama ante la Justicia por tarifas de Gas

La Federación Económica de Santa Cruz ha presentado esta semana un recurso de amparo contra los incrementos en las tarifas de gas que afectan a los comerciantes de la provincia, alegando falta de justificación y distorsiones en los precios en comparación con referencias internacionales.

LA PROVINCIA 13 de junio de 2024
Miriam Giorgia Vice Presidente FESC 3

La Federación, adherida a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), presentó un recurso de amparo colectivo como medida para frenar los recientes aumentos en las tarifas de gas que afectan a los comerciantes de la provincia. Estos incrementos, aplicados a partir de abril de 2024, derivan de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual fijó aumentos progresivos en el valor del gas natural al momento de su ingreso al sistema de transporte.

Los nuevos valores superan significativamente el promedio del gas natural en comparación con las referencias internacionales, especialmente durante los meses de invierno.

El recurso de amparo también critica la Resolución N° 122/24 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que establece los cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas del Sur

Miriam Giorgia Vice Presidente FESC

S.A. y la subdistribuidora Distrigas S.A. La Federación argumenta que estos cuadros tarifarios no cumplen con los principios de protección de los usuarios, tal como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo anterior del año 2016.

Al día de la fecha, el caso está pendiente del dictamen del Ministerio Público Fiscal, indispensable para que la jueza federal decida sobre la admisibilidad formal del amparo y la medida cautelar solicitada, que busca suspender la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de abril de 2024. Además, la magistrada tiene en su poder procesos similares iniciados por la provincia de Santa Cruz en representación de los usuarios residenciales, en los cuales se han dispuesto incrementos transitorios inferiores a los establecidos por la Secretaría de Energía y el ENARGAS.

La Federación Económica, en representación del sector PyME de Santa Cruz, recalca que la ley que permite estos incrementos, (Ley N° 24.076), fue dictada en 1992 bajo la convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso argentino, sin actualización por inflación. Con la derogación de la convertibilidad en 2002 y las posteriores devaluaciones, los usuarios quedan desprotegidos frente a modificaciones cambiarias, lo que va en contra de los principios de accesibilidad y racionalidad en la determinación de tarifas de servicios públicos.

Los comerciantes, productores y pequeños industriales de Santa Cruz, no pueden seguir soportando incrementos desmedidos en un contexto económico ya de por sí complicado, y es necesario proteger a los usuarios de las distorsiones tarifarias y garantizar un servicio accesible y equitativo.

Último Momento
webvero - 2025-10-14T134308.443

Natalia Quiroz: “Pasito a pasito se ha ido generando conciencia”

El Mediador
LA CIUDAD14 de octubre de 2025

La secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de Río Gallegos invitó a participar de la cuarta edición del programa Reciclá y Viajá. El programa busca fomentar hábitos responsables en torno al manejo de los residuos. Hasta el viernes hay tiempo de inscribirse.

Te puede interesar
Lo más visto
webvero - 2025-10-13T194924.215

Diego Ojeda: “El gobierno nacional no contempla a las pymes”

El Mediador
ACTUALIDAD13 de octubre de 2025

El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) aseguró que a la gestión de Javier Milei las pymes “no le importan”. Apuntó a la apertura indiscriminada de las importaciones “que lo único que hacen es destruir el trabajo nacional” y reclamó por la Ley de Emergencia Pyme.

webvero - 2025-10-13T195544.487

Ana María Ianni: “Milei quiere acallar la tarea del Congreso”

El Mediador
ACTUALIDAD13 de octubre de 2025

La diputada nacional por Santa Cruz resaltó la importancia de regular los decretos de necesidad y urgencia para que el Poder Ejecutivo “no abuse” de su uso. “Al gobierno le importa muy poco lo que implica la división de poderes y el respeto del trabajo del legislador”, señaló.