La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender la sentencia. Sigue vigente la orden para que el país entregue el 51% de YPF.
EL PAIS14 de julio de 2025
La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la petrolera.
Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.
El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.
Esta mañana, Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.
Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
El jueves pasado, el Gobierno argentino apeló la sentencia de Preska, quien luego llamó a una negociación.
La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúe el resto de las acciones dispuestas por el juzgado.
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Este martes es clave para las pretensiones argentinas: la Corte de Apelaciones de Nueva York decide si el Gobierno debe entregar a los demandantes el 51% de acciones de la petrolera nacional o si concede una suspensión del fallo de Preska mientras el país lleva adelante la apelación.
Así lo indicó el Diputado Eloy Echazú durante el tratamiento del proyecto del oficialismo por el que se propone modificar la integración del máximo órgano judicial de Santa Cruz.
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