Municipales de Río Gallegos marchan contra la quita de coparticipación y reclamaron una nueva ley de recursos

Sindicato y funcionarios se movilizaron en conjunto hacia el Gobierno provincial, la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia para frenar el descuento de fondos previsionales y exigir una discusión estructural sobre la distribución de fondos.
13 de agosto de 2026El Mediador El Mediador

Trabajadores municipales de Río Gallegos, agrupados en el SOEM y encabezados por su secretario general Pedro Mansilla, marcharon este jueves junto al intendente Pablo Grasso y funcionarios locales hacia la Casa de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La movilización tuvo como eje central el rechazo a la pretensión del Gobierno provincial de aplicar retenciones sobre la coparticipación municipal para saldar deudas históricas por aportes previsionales no remitidos a la Caja de Previsión Social. Desde la administración local y el gremio advirtieron que esta medida afecta directamente el cobro de salarios y compromete la autonomía financiera de los municipios.

Durante la protesta, la columna entregó tres petitorios clave:

  • Tribunal Superior de Justicia: Un pedido para que resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de que el Ejecutivo provincial detraiga recursos municipales mediante resoluciones administrativas.

  • Casa de Gobierno: Una solicitud dirigida al gobernador Claudio Vidal para que se abstenga de realizar descuentos sobre los fondos coparticipables.

  • Cámara de Diputados: Un proyecto normativo enfocado en la modificación integral de la ley de coparticipación provincial.

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, defendió la legitimidad del reclamo al señalar que no se trata únicamente de un debate contable, sino de la defensa de la autonomía de los municipios santacruceños. Asimismo, cuestionó la injerencia de funcionarios provinciales en las finanzas de la capital y aseguró que cualquier intento de ahogar financieramente a las comunas pone en riesgo los servicios básicos y la estabilidad salarial.

Por su parte, Pedro Mansilla justificó la participación del gremio junto al Ejecutivo municipal señalando la gravedad del contexto socioeconómico. El dirigente gremial remarcó que las deudas por aportes constituyen un problema histórico que se arrastra desde 1995 y sostuvo que la única salida definitiva es una nueva ley de distribución de recursos. "Si no se encuentra una solución de fondo mediante el diálogo, esto va a terminar en conflictividad", advirtió.

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