El Mediador 
El legislador sostuvo que la situación económica de las familias requiere que el proyecto pueda discutirse y señaló que el nivel de endeudamiento que atraviesan trabajadores santacruceños necesita una respuesta más amplia.
“Hay trabajadores que cobran y ya tienen gran parte de su sueldo comprometido en deudas. Es una situación que se viene profundizando y hoy alcanza a muchas familias de nuestra provincia”, expresó Echazú.
Según los datos consignados en un informe del Banco Central, la morosidad en Santa Cruz se ubica entre el 20 y el 25%, mientras que la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con mayores niveles de mora del país.
Por otra parte, un informe de la Federación Económica de Santa Cruz, basado en datos oficiales, indicó que entre diciembre de 2023, cuando Claudio Vidal asumió como gobernador, y diciembre de 2025, la provincia perdió 227 empresas empleadoras, lo que equivale a un promedio de una empresa cada tres días.
Echazú también cuestionó las respuestas del Gobierno provincial frente al endeudamiento. En ese sentido, hizo referencia al Plan de Alivio Financiero implementado a través del Banco Santa Cruz, al que hasta fines de junio habían accedido alrededor de 3.500 trabajadores con más del 75% de su salario comprometido en préstamos. Posteriormente, el programa fue prorrogado y alcanzó a quienes tienen más del 60% de sus ingresos comprometidos.
Para el diputado, esas cifras muestran que el problema excede las medidas implementadas hasta el momento. “Que haya trabajadores con el 60 o el 75% de su sueldo comprometido habla de una situación muy difícil. El Gobierno conoce esta realidad y por eso creemos que hace falta una herramienta que dé una respuesta más amplia”, sostuvo.
El proyecto de Desendeudamiento Familiar y Personal presentado por Echazú propone facilitar la refinanciación de deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales para personas en situación de mora y vulnerabilidad financiera.
La iniciativa fija una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 cuotas. Entre sus requisitos establece que las cuotas adeudadas representen más del 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar.
También establece que, para los trabajadores de la administración pública provincial, los descuentos por las deudas incluidas en el régimen no podrán superar el 30% del sueldo bruto. En los casos que actualmente superen ese porcentaje, los descuentos deberán volver a calcularse y ajustarse al límite establecido, sin que esto implique eliminar la deuda.
En ese sentido, explicó que el proyecto busca que las familias puedan ordenar sus deudas sin tener que recurrir nuevamente al crédito para cubrir gastos cotidianos y remarcó que “no podemos naturalizar que vivir endeudados sea la única manera de llegar a fin de mes”.
“Podemos discutirlo, modificarlo y hacer los aportes que sean necesarios. Lo que no podemos hacer es seguir postergando una respuesta. Estamos hablando del desendeudamiento de familias que hoy necesitan una salida. Las familias santacruceñas no pueden esperar”, concluyó Echazú.
