Hoy fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Alquileres que regirá en todo el país, a partir de las cual el tiempo mínimo de los contratos deberá ser de tres años, donde la actualización del valor cada año dependerá de la aplicación de una fórmula en base al aumento salarial y la inflación, y donde el inquilino o el propietario podrá registrar el contrato en la AFIP, para evitar la emisión de recibos en vez de facturas por el pago de la locación o la firma de pagarés en blanco por la diferencia de valor.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Matías Solano, referente de la Asociación de Inquilinos de Santa Cruz sostuvo que "los contratos que se firmen a partir de hoy o sean renovados, ya están alcanzados por la nueva ley y por la modificación que se estableció en el código civil. Los propietarios no pueden acordar o pactar con los inquilinos nada que viole esta ley”.

Ante la consulta sobre la posible firma de un contrato de 2 años, y si uno puede exigir la modificación, Solano sostuvo: “Se puede exigir que se modifique, si el contrato no cumple con lo establecido por la ley quedará con nulidad dicho contrato. Además el precio se fija de acuerdo al de este año, el año que viene los precios cambiaran. Alguien que firma un contrato ahora, recién en el 2021 sabrá cuanto le toca pagar de alquiler”.

Por otro lado, el Dr. Solano aclaró la importancia de revisar la fecha del contrato que se está firmando y dijo: “Hay muchos que ponen fechas anteriores a la que se estableció la ley, para que justamente el contrato quede fuera de la disposición. Mucha gente se aprovecha y hace firmar al inquilino cualquier cosa”.

Solano fue consultado por si existe la posibilidad de que la ley regule los procedimientos y se proteja al inquilino, ante esto sostuvo: “Nos vamos a encargar de que el inquilino se vea amparado por la AFIP y por lo que establece el contrato, un inquilino puede ir y denunciar al propietario”.

“En las encuestas que hemos hecho, en más del 80% de los casos, se evaden los impuestos. Solo el 20% paga o emite la factura. Al haber una regulación, la gente pone el grito en el cielo, pero estamos hablando de un derecho fundamental y el Estado tiene que intervenir y poner un poco de equilibrio”