Tanto el Comité Santa Cruz como el de El Calafate repudiaron el decreto del Gobierno Nacional que elimina los diferenciales para la Patagonia. También cuestionan al gobierno provincial al que califican de hipócrita, ya que no actualizan las asignaciones provinciales desde 2015. Diputados patagónicos de ese partido presentaron un proyecto para pedirle al Gobierno Nacional que retrotraiga la medida.

La Unión Cívica Radical (UCR) reaccionó también contra la medida adoptada por el Gobierno Nacional que modifica las asignaciones familiares. Estos cambios fueron anunciados están incluidos en el decreto 702/18 a través del cual se realiza una modificación sobre montos y condiciones de las asignaciones familiares percibidas por los trabajadores patagónicos.

“Rechazamos esta medida que afecta de manera injusta a cientos de familias santacruceñas. Esta decisión fue tomada por una parte del Gobierno Nacional sin conocer Santa Cruz ni la Patagonia, y sin tener en cuenta las condiciones de vida de nuestra provincia y la región, ni sus necesidades", afirma el comunicado del Comité Santa Cruz de la UCR.

Agregaron además que “algunas personas en el Gobierno Nacional toman decisiones apresuradas sin percatarse de que estas medidas afectan a los sectores más postergados de la comunidad”.

Desde la UCR manifestaron que si bien están de acuerdo en la necesidad de sanear las finanzas públicas que tiene la Nación, “no se puede permitir que dicho ajuste se realice sobre los derechos y beneficios de los que menos tienen y, mucho menos, que no se tengan en cuenta los factores desfavorables que tiene una Provincia como Santa Cruz. Se trata de una medida totalmente injusta”, remarcaron.

UCR EL CALAFATE

En el mismo sentido se pronunció el Comité de la UCR de El Calafate. A través de un comunicado fechado este domingo, considera que “si bien creemos en la necesidad del reordenamiento del Presupuesto Nacional, para dejar atrás una larga historia de gasto público y déficit fiscal desmesurados, endeudamiento e inflación, no compartimos la decisión por injusta e inconsulta y porque desconoce las diferentes realidades económicas de las diversas regiones del país”.

Por otro lado, manifestaron: "Si bien la medida no alcanza al pago por maternidad ni a la Asignación Universal
por Hijo, afectará a muchos trabajadores en relación de dependencia, tanto de los sectores de menores ingresos como de clase media, que verán reducidos sus ingresos familiares".

Como señaló el senador nacional Eduardo Costa, la medida "no toma en cuenta cómo viven los vecinos de Santa Cruz ni la realidad de la provincia" y surge de funcionarios que parecen no entender que "la política no son ceros y unos, sino tomar decisiones que afectan a personas de carne y hueso, que necesitan de
nuestra ayuda luego de décadas de abandono".

Por esto, aseguraron "esperamos que la medida sea revisada, ya que, como también expresó Costa, "el ajuste no puede ser realizado sobre los sectores más vulnerables y sin contemplar las desigualdades provinciales".

En el mismo sentido, adhieren al proyecto de declaración que presentarán los legisladores nacionales patagónicos de la UCR, incluida la diputada por Santa Cruz, Roxana Reyes, de pedir al Poder Ejecutivo la restitución de los montos diferenciales por zona, iniciativa que invoca la ley 24.174, que instituye el Régimen
de Asignaciones Familiares y prevé en su articulado la existencia de diferencias regionales basadas en los mayores costos que implica residir en determinadas zonas geográficas con motivo de la lejanía, las carencias logísticas o de infraestructura, los factores climáticos, las carencias o dificultades de acceso a  ciertos servicios básicos y otras consecuencias del desigual desarrollo económico y territorial de la Argentina.

"Somos parte de Cambiemos, una coalición democrática, y compartimos los objetivos generales del Gobierno Nacional, pero a diferencia del verticalismo corrupto y autocrático que gobernó la Argentina entre 2003 y 2015, no perdemos nuestra ideas ni nuestra voz y en este asunto disentimos fuertemente con el gobierno nacional, como ya disentimos con la decisión, aún no oficializada, de traspasar la administración del Hospital Samic de nuestra localidad a las irresponsables manos de Alicia Kirchner y de la ministra de Salud de la provincia,
Rocío García", indica el comunicado de la UCR El Calafate.

Por último, añadieron "repudiamos la hipocresía del gobierno provincial que critica el decreto 702 del gobierno nacional, pero desde marzo de 2015 no actualiza las asignaciones familiares a los trabajadores estatales de la provincia, hoy en valores inferiores a un cuarto de los que paga el gobierno nacional a través de la Anses. Valores que seguirían siendo aún menos de la mitad de los nacionales si el decreto entra en vigencia a partir de septiembre".