A menos de seis meses de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973, encabezado por Pinochet que derrocó el proyecto revolucionario de Salvador Allende e impuso una Dictadura de 16 años, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Armada a retirar el retrato y foto del comandante José Toribio Merino (1915-1996), que formó parte de la temible Junta de Gobierno hasta el fin del régimen y que se encuentra en la Secretaria General y Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval en Valparaíso. Ya en 2022, la misma corte ordenó el retiro de su estatua ubicada en el ingreso del Museo Naval de Valparaíso.

Merino, considerado por muchos como el auténtico cerebro golpista, que arrastró a un desconfiado Pinochet y de un carácter fuerte, es una figura relevante en la marina chilena y cuyas desafortunadas intervenciones en los medios de comunicación, donde trataba a los comunistas de “humanoides y a los brasileños de “pueblo primitivo” forma parte de la memoria colectiva chilena.

 Armada “arbitraria e ilegal”

La solicitud fue hecha por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la fundación Memoria Histórica, dedicada justamente a preservar la construcción de memoria y la puesta en valor de los Derechos Humanos en el país trasandino. “Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1973, esta decisión judicial constituye una reparación moral y un acto de justicia histórica para las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

En el fallo se establece que la Armada actuó de manera “arbitraria e ilegal” al mantener imágenes de un personaje que “formó formó parte de un gobierno de facto durante el cual se incurrieron en delitos de lesa humanidad", agregando que “El único fundamento entregado para no acceder al retiro de una fotografía y retrato es que se encuentran ubicadas junto a las de otras personas que desempeñaron igual cargo que el del señor Merino”. Algo que en su caso particular resulta “ilegal” considerando la garantía de no repetición consagrada en el artículo 63.1 de la Convención sobre Derechos Humanos, aplicable en Chile según el artículo 5 de la Constitución.

Una advertencia hacia el futuro

Rendon señaló que esto es “una advertencia hacia el futuro”: “ En Chile nunca un responsable de violaciones a derechos humanos recibirá un reconocimiento oficial. Su destino será la cárcel o al menos, la ignominia. Este fallo se constituye así en una garantía de no repetición”. Un hecho que forma parte la despolitización de las instituciones militares que se está viviendo en el país.

“Queremos reconocer el rol del actual mando naval, que si bien discutió algunos de nuestros recursos, en otros casos retiró homenajes a Merino sin esperar los fallos de tribunales. Esperamos poder avanzar en el diálogo que ya hemos comenzado con la Armada y extenderlo a las otras instituciones militares para contribuir a profundizar la formación en el respeto a los derechos esenciales de todos y todas, base de la convivencia nacional, señaló.

 A pesar del optimismo del abogado, Chile sigue siendo un país profundamente polarizado, donde aún siguen vigentes “pactos de silencio” entre los involucrados en las más de 3 mil muertes y decenas de miles de personas torturadas, mientras el gobierno de Gabriel Boric intenta construir un “relato” para recordar estos 50 años en país que rechazó una nueva constitución y donde se percibe un giro ciudadano hacia posturas más conservadoras que progresistas. 

FUENTE: PÁGINA/12