En este sentido, el Secretario de Legal y Técnica aseguró: "La concesionaria busca que los riogalleguenses absorbamos un sobrecosto, pero sin planificar ninguna inversión que nos beneficie". También destacó que no hubo presencia del Gobierno Provincial, cuando esto afecta a "El Calafate, 28 de Noviembre, Río Turbio, Caleta Olivia, Las Heras, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y Puerto Deseado".

Se trató de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de la que participó el Municipio de Río Gallegos con la ponencia del Secretario Legal Y Técnico, Gonzalo Chute quien solicitó que a la hora de autorizar o no los aumentos de tarifas solicitados, "el Poder Ejecutivo Nacional arbitre todos los medios necesarios para que el ajuste no sea pagado por los trabajadores argentinos".

Bajo la premisa de la obligación del Estado de velar por la "continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos" Chute recordó que "los vecinos de Río Gallegos nos vimos afectados por numerosos, largos e imprevistos cortes de energía que tuvieron su origen en el accionar de Transpa, que se presenta a esta instancia sin informar ninguna acción trascendente que mejore la calidad del transporte de energía para los usuarios de esta ciudad".

Chute aseguró de un incremento que podría rondar aproximadamente un 500% de aumento para las tarifas y respecto a la quita de Subsidios "perjudicaría más gravemente a los sectores  vulnerables de nuestra sociedad en un contexto económico que se reconoce angustiante y que se agrava más en las localidades que utilizan generación aislada". Así es que "la política de liberación de precios sin una ponderación humana que piense en el bien común podría directamente decretar la muerte de numerosas localidades de Santa Cruz".

"No puede pretenderse" indicó, "comenzar a ajustar los distintos componentes de las tarifas sin analizar seriamente el impacto integral que éstas tendrán en el actual contexto para los vecinos de nuestra ciudad y sin que la autoridad de aplicación haya indicado cómo determinará la estructura de subsidios para los usuarios finales conforme lo indica el artículo 177 del DNU 70 del 2023".

Chute advirtió finalmente que "no existe en esta audiencia ningún representante del gobierno de la provincia de Santa Cruz, ni de Servicios Públicos Sociedad del Estado, empresa encargada de la distribución de energía eléctrica en casi toda Santa Cruz".