El proyecto de ley plantea que las universidades nacionales deben ser incluidas en el régimen tarifario específico que ya beneficia a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Este régimen establece un tratamiento especial en los precios que estas entidades pagan por los servicios públicos, considerando su naturaleza y objetivos de bien común.

El proyecto de ley fue acompañado por los diputados Danya Tavela, Marcela Colli, Marcela Antola y  Mario Barletta.

Roxana Reyes argumentó que las universidades nacionales desempeñan un rol fundamental en la promoción, difusión y preservación de la cultura, así como en la investigación científica y tecnológica. Estas instituciones no solo contribuyen al desarrollo del país, sino que también son vitales para la formación de profesionales e investigadores.

“En el contexto económico actual, marcado por ajustes y sinceramiento de variables macroeconómicas, resulta crucial armonizar estas políticas con el acceso a la educación superior. Las universidades nacionales enfrentan desafíos financieros significativos debido al aumento en los costos de servicios públicos, lo que impacta sus funciones de docencia, investigación, salud y extensión”, remarcó Roxana Reyes.

Un ejemplo concreto es la situación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que ha registrado un aumento alarmante en sus gastos de servicios públicos. En enero de 2024, el costo de la luz para esta universidad aumentó un 468.67% en comparación con el mismo mes del año anterior, y el costo del gas en el período de marzo a abril de 2024 subió un 900%. Estos incrementos ponen en riesgo el funcionamiento normal de la institución.

La iniciativa de Roxana Reyes subraya la importancia de considerar a las universidades nacionales como entidades de bien público, un enfoque respaldado por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe de 2008. Esta declaración reafirma que la educación superior es un bien público social, un derecho humano y un deber del Estado.

“Buscamos brindar un alivio económico a las universidades nacionales, permitiéndoles continuar con su misión educativa y de investigación sin las presiones financieras que actualmente enfrentan”, destacó la legisladora.

Roxana Reyes subrayó la necesidad de avanzar con esta iniciativa no solo como una medida económica sino como un compromiso con la educación y el desarrollo del país: “La aprobación de esta ley significaría un paso importante hacia la sostenibilidad financiera de las universidades nacionales y la garantía de acceso a la educación superior para todos.”