Buenos Aires y Santa Cruz, las más perjudicadas por los recortes del Gobierno Nacional
De acuerdo al análisis del CEPA, la provincia de Buenos Aires y la de Santa Cruz fueron las que tuvieron mayores caídas de los recursos de origen nacional, con una baja del 19,2 por ciento respecto de julio de 2023. Luego se ubicó Córdoba (con una caída del 18,9 por ciento) y Río Negro (-18,7%). La menos perjudicada fue Misiones con una baja del 15,2 por ciento.
Sectores afectados por los ajustes:
La reducción del gasto afectó varios sectores claves, destacando la falta de financiamiento en políticas alimentarias y cajas previsionales provinciales, que en el caso de Santa Cruz será de un aproximado de 16 mil millones menos que aporta la nación en este 2024. Esto genera preocupaciones en términos de protección social y seguridad alimentaria, áreas cruciales para las provincias con poblaciones vulnerables.
Otros lugares que afectaron los recortes nacionales
Fondo Nacional de Incentivo Docente: Reducción del 85% en términos reales.
Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de infraestructura para el saneamiento: Afectados en un 85%.
Desarrollo de Seguros Públicos de Salud: una caída del 46,2% real en transferencias.
Relaciones con las provincias y Desarrollo Regional: en términos reales se quitó el 46% del aporte.
Además, 11 provincias, entre ellas Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz, no recibieron ningún financiamiento de la Nación hasta agosto de 2024, lo que acentúa las desigualdades regionales y pone en riesgo sus economías locales y la calidad de vida de sus habitantes.
Con recortes totales, y baja en términos reales en todos los índices recaudatorios, las provincias tendrán un cierre de año muy difícil. El escenario de deterioro presupuestario complica la reactivación de la obra pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del interior del país, lo que demandará un gran esfuerzo del gobierno de Santa Cruz para maximizar los recursos propios, no solo para generar trabajo sino también para mejorar la situación de los empleados públicos provinciales en la reivindicación de derechos.