Reyes pidió información sobre la obra pública en Santa Cruz

La Diputada Nacional Roxana Reyes solicitó al Presidente del IDUV, Pablo Grasso, información respecto a las licitaciones públicas, licitaciones privadas y contrataciones directas tramitadas ante el IDUV durante los años 2016, 2017 y 2018. El pedido se realizó por las nuevas sospechas de irregularidades y sobreprecios en la realización de las obras a cargo del organismo.

LA CIUDAD 24/07/2018
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“Esta demanda tiene lugar ante las declaraciones del Vocal del Tribunal de Cuentas Dr. Javier Stoessel que da cuenta de que en la Provincia no hay control de la obra pública desde el punto de vista técnico y, por lo tanto, sólo se hace un control formal a lo que se suman las sospechas difundidas en los medios locales que son de conocimiento público y que hablan de redireccionamientos de obra y sobreprecios o certificaciones irreales”, explicó la Diputada.

La representante de Unión para Vivir Mejor realizó este pedido en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga a los funcionarios públicos a brindar toda la información requerida sobre los actos de gobierno. "Buscamos obtener datos que son negados a los organismos de control", remarcó la legisladora.

PEDIDO AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Por otra parte, Reyes solicitó al Tribunal de Cuentas de la provincia todos los datos para conocer si se han realizado inspecciones administrativo-contables y auditorías referidas a las obras ejecutadas con la intervención del IDUV.

Respecto a las mismas solicitó que se indique el expediente y estado del trámite, obra, objeto de la licitación, presupuesto oficial, empresas oferentes, empresa a la que fue adjudicada y monto de adjudicación.

“Es un hecho que la obra pública en Santa Cruz por montos millonarios se encuentra totalmente descontrolada dado que no existe ningún órgano que la audite técnicamente o que garantice la transparencia de la ejecución de las mismas”; sentenció la Legisladora; quien dijo, además, que es esa la causa por la que es necesario recurrir a los instrumentos de control ciudadano y social del gasto público ya que se trata del dinero que le pertenece a todos los santacruceños por lo que se espera que estas instituciones respondan por él. 

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