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EL PAIS17 de diciembre de 2025El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.


El Frente de Todos consiguió emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de bloques provinciales. El oficialismo aceptó incorporar una cláusula para que si la pauta de inflación o de recaudación se superan, se envíe un proyecto de ampliación de los gastos y recursos.
EL PAIS20 de octubre de 2022






El Frente de Todos en la Cámara de Diputados consiguió emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de bloques provinciales, sobre el proyecto de Presupuesto 2023, al que se le incorporaron reformas como la obligación de los miembros de la Justicia de pagar Ganancias, aumentos de los subsidios del transporte del interior del país y de las partidas educativas sociales.


La iniciativa se discutirá el 25 de octubre en una sesión especial prevista para las 12.30, solicitada por el Frente de Todos, y que se estima se extenderá por 20 o 22 horas, para luego enviarse al Senado donde se aguarda que se convierta en ley antes de la finalización de las sesiones ordinarias.
Lo que será la sesión
El despacho que se debatirá en el recinto de sesiones fue firmado por el Frente de Todos, Provincias Unidas y el Interbloque Federal con disidencias parciales, mientras que Juntos por el Cambio pidió unas horas para poder evaluar todos los cambios incluidos.
De todos modos, el grueso de JXC y en especial los radicales están inclinados a aprobar en general.
La decisión se adoptó en una reunión de la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (FDT), que duró cuatro horas, en la que hubo un clima de armonía entre los legisladores como sucedió a lo largo del tratamiento de esta clave iniciativa.
Las modificaciones
El proyecto incorporó más de una treintena de modificaciones que fueron planteadas en forma transversal por diputados del oficialismo y la oposición, como el transporte de pasajeros y los aumentos a la educación, y otras como ganancias y las becas Progresar, asignaciones familiares y gastos que surgieron desde las filas del FDT.
Al respecto, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, destacó la "enorme predisposición" del oficialismo para alcanzar acuerdos y señaló que "es un dictamen que puede ser firmado por todos, aunque con disidencias".
Por su parte, la diputada radical Danya Tavela, le agradeció al FDT "la voluntad de haber incorporado muchas de las cuestiones que fueron planteadas durante estos días de discusión", pero planteó "revisar artículos impositivos para poder analizar y avanzar en el trámite siguiente" en relación a sumar la firma del despacho.
De todos modos, uno los temas que mayor impacto tuvo fue la decisión del oficialismo de eliminar la exención que tienen jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, y la inclusión de una cláusula para revisar el Presupuesto si se modifican las variables macroeconómicas
El oficialismo decidió incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por uno de los secretarios de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de gastos tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales".
Además, el oficialismo aceptó la inclusión de una cláusula para enviar una ley complementaria si aumenta la recaudación o aumenta la inflación prevista del 60%, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
En ese sentido, establece que si "al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria", y fija que no se puede ampliar el presupuesto por decreto.
También se aceptó incluir un artículo propuesto por JXC para poder desgravar de Ganancias la deducción hasta el 40% de los gastos educativos que incurre la familia a la hora de educar.
Al comenzar el plenario, el presidente de la comisión, Carlos Heller, informó que se aumentan a $ 9.000 millones los fondos para los bosques nativos.
En cuanto al transporte de pasajeros, Heller puntualizó que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones como piso.
Además, dijo que se crea el Consejo Federal de Administración para aplicación de la tarjeta SUBE y subsidios por jurisdicción.
También anunció un monto de 47 mil millones de pesos para la Rioja y los municipios.
Sobre las deudas de Cammesa, Heller explicó que las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para acordar cómo se realizará el pago de las deudas que se podrán hacer hasta en 96 cuotas.
Sobre los gastos sociales, Heller anunció un aumento en prestaciones alimentarias por $101 millones, asignaciones familiares por $90 mil millones, becas Progresar por 59 mil millones de pesos, unos $31 mil millones y para el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones.
También se destinarán $19.700 millones al Fondo de Integración Socio-Urbana, unos $12.969 millones a comedores escolares $4.000 millones y otros $4.000 para los derechos de la niñez.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
Asimismo se destinarán $ 46.000 millones para distribuirse entre la provincias y los municipios que serán transferidos en 12 cuotas iguales.
Otro punto es que se reforma un artículo sobre regularización de deudas tributarias y previsionales hasta octubre de 2022 en todo el país, que incluirá la condonación de capital y de intereses.
También se incorporó la posibilidad de cobrar un 15% para aquellos trabajadores que pagan adicionales para mejorar sus planes de salud en la prepaga al derivar sus aportes de obras sociales.
También se modificaron los impuestos internos sobre los productos electrónicos elaborados en Tierra del Fuego para que suban del 6,5% al 10%, mientras que el gravamen para aquellos importados subirán hasta el 19%.
En tanto, el diputado de Misiones Diego Sartori se refirió a las obras de la provincia Misiones y, en ese sentido, pidió “la incorporación de la Zona Aduanera Especial" para ese estado.
Sobre este punto, Heller dijo que van a tratar de analizar cómo poder incluir esta solicitud en el debate del Presupuesto en el recinto de sesiones.
FUENTE: Télam.





El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.

Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.

El oficialismo armó las comisiones donde se aseguró la mayoría para avanzar con esta iniciativa clave para el Gobierno.

Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El Gobierno envió este jueves al Senado la iniciativa que buscará aprobar en sesiones extraordinarias

Estaban registradas en las categorías menores.



En el marco del debate por el nuevo sistema electoral, el diputado dijo que hay que buscar lo que sea “práctico” para el elector. La discusión se retomará en el mes de marzo. Según indicó, no hay urgencia porque “por el lado legal, estamos cubiertos”.

Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.

Desde hace cuatro años, la agrupación animalista Comedores Callejeros Solidarios trabaja en el rescate, rehabilitación y adopción de animales en Río Gallegos. Actualmente cuidan a cerca de 20 animales y advierten que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad del trabajo.

El fallo hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, anuló los actos derivados de la norma y restableció la integración anterior del Tribunal Superior de Justicia.

La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.





