Este martes por la noche, la Liga de Gobernador emitió un comunicado en el que expresan su repudio al fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. En diez puntos expresaron su opinión sobre lo que calificaron “un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia”.
La gobernadora de Santa Cruz integra esta Liga junto a los gobernadores Omar Perotti de Santa Fe, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Mariano Arcioni de Chubut, Sergio Ziliotto de La Pampa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Raúl Jalil de Catamarca, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Sergio Uñac de San Juan, Gildo Insfrán de Formosa, Axel Kicillof de Buenos Aires, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Jorge Capitanich de Chaco.
En el primer punto señalan que “Ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedara registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”
“Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”, añaden.
“Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución Nacional, como lo actos de administración general y el manejo de fondos públicos”, fundamentan los mandatarios.
Indican que “durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”
También aluden a que “los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.
“Todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.
Recuerdan que “los hechos investigados objeto de la condena, ya habían sido sobreseídos años anteriores y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”.
Consideraron que “esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”.
En tanto, afirman que “la inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”
Finalmente, resaltan “el enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocrático pueda poner en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos”.
