A pedido del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, la Fiscalía de Estado presentó sendas denuncias penales sobre el manejo y contratación de cooperativas; y sobre los costos de la realización del acto de asunción del nuevo gobierno.
En el caso de las cooperativas, el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, formuló denuncias penales ante las distintas fiscalías y juzgados de instrucción de la provincia.
Según datos de la oficina fiscal, “de la información recabada surgen incompatibilidades de algunos de sus integrantes -que principalmente ocupan cargos de administración o fiscalización interna-, y a su vez son empleados del Estado provincial, revistiendo Planta Permanente; otros se han desempeñado como asesores de diputados provinciales, y algunos de ellos integran sociedades comerciales”.
Además, el informe detalla que “se ha detectado que existen anomalías, irregularidades e inconsistencias en la ejecución y control de las contrataciones. Inconsistencias entre la cantidad de personas que debían ser afectadas para prestar servicios, con la nómina del personal que efectivamente lo hizo; como así también entre la cantidad de horas de trabajo mensuales contratadas y abonadas, con las efectivamente prestadas. En otros casos, se ha detectado falsificación en la documentación que certifica los servicios prestados, emanada de los directores o responsables de los establecimientos escolares; como asimismo firmas posiblemente también adulteradas”.
Para la denuncia impulsada por el gobierno, es sospechosa “la falta de transparencia en la distribución de los anticipos de retornos entre los asociados por las horas trabajadas mensualmente. En muchos casos, los trabajadores desconocen por completo qué es lo que se les abona y qué conceptos se le deducen, ya que en sus liquidaciones no se realizaría ningún tipo de discriminación en relación a la cantidad de horas trabajadas, valor de la hora contratada, conceptos deducidos, etc.”.
La otra denuncia penal fue presentada ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad de Río Gallegos. Allí el gobierno solicitó que se investiguen los hechos ocurridos en el marco de las contrataciones efectuadas por ex funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, con motivo del acto de asunción del actual gobernador, Claudio Vidal, y sus ministros.
En su presentación, la Fiscalía de Estado denunció una serie de “hechos irregulares, ejecutados por ex funcionarios del referido Ministerio, en el proceso de contratación de servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering que fueran utilizados para el acto de asunción de autoridades del nuevo gobierno”.
Según información suministrada por la Fiscalía de Estado, desde el referido Ministerio “se contrató en forma directa, de manera discrecional y direccionada, a un mismo proveedor, Sotomayor, quien intervino a través de dos nombres de fantasía abonándosele la exorbitante suma de $69.127.800,00, a pesar de que con antelación se habían presentado dos presupuestos de diferentes proveedores, por iguales servicios, por sumas que oscilaban los veinte millones de pesos ($20.000.000,00)”.
“Asimismo -continúa- se contrató en forma directa a Sotomayor, y se le abonó la suma de $4.800.000,00 por 300 packs de agua mineral, cuando en el mercado el valor de referencia oscilaba entre $1.800.000,00.”
Desde la oficina fiscal informaron que “la contratación que se solicita investigar tendría relevancia penal, ya que las exorbitantes sumas abonadas al Sr. Sotomayor, triplican el valor de lo presupuestado por otros dos proveedores para el mismo servicio, lo cual revela la irregularidad, discrecionalidad y falta de transparencia en las contrataciones; como así también el extraordinario sobreprecio convenido por los ex funcionarios de dicho Ministerio, todo lo cual, denota una gravedad institucional de relevancia”.
La relación con ese proveedor no sería nueva, ya que desde la Subsecretaría de Servicios Financieros de dicho Ministerio, se informó que “durante el transcurso del año dos mil veintitrés, se contrató en reiteradas oportunidades a Sotomayor, en forma directa, para proveer al Estado de diferentes insumos, por monstruosas sumas millonarias; razón por la cual se ha tomado la decisión de auditar cada una de las mismas, a fin de cerciorarse de que se hayan efectuado en el marco de la ley y no existan sobreprecios en las sumas contratadas”.
