Esta tarde en la comisión de Asuntos Constitucionales, los legisladores dieron despacho favorable al proyecto de Ley N° 289/24 presentado por el diputado Piero Boffi (Por Santa Cruz) para la adhesión de la provincia al "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones" (RIGI), en busca de avanzar en el marco regulatorio para fomentar las grandes inversiones en Santa Cruz.
El autor del proyecto remarca en los fundamentos que, con sus vastos recursos naturales y su potencial para el desarrollo industrial, nuestra provincia se encuentra en una posición estratégica para atraer grandes inversiones “por lo que, la adhesión al RIGI representa una oportunidad crucial para potenciar el crecimiento económico, social e industrial de Santa Cruz, con una serie de beneficios fiscales y económicos destinados a fomentar la inversión en proyectos de gran envergadura, promoviendo así el desarrollo regional y la creación de nuevos puestos de trabajo.
De este modo, la adhesión al RIGI “incentivará a las empresas, nacionales e internacionales, a invertir en la provincia, fomentando la modernización y expansión de la infraestructura industrial. Esto no solo aumentará la capacidad productiva de Santa Cruz, sino que también impulsará la transferencia de tecnologías y conocimientos, elevando el nivel de competitividad de la provincia en el ámbito nacional e internacional”.
Por otra parte, el proyecto de Ley N° 239/24 presentado por el diputado José Luis Quiroga (Por Santa Cruz) para la ampliación del ejido urbano en un radio 18 kilómetros del centro de la localidad de Pico Truncado para satisfacer las demandas habitacionales y proyectar un circuito económico para el crecimiento del sector productivo y turístico, continuará analizándose en dicha comisión, a la espera de modificaciones.
Por otra parte, los legisladores dieron despacho favorable por mayoría al proyecto de Ley N° 265/24 presentado por el diputado Fernando Martínez Alfaro (Por Santa Cruz) para la reforma del Código Procesal Penal aportando a la adopción de un modelo restaurativo que busca no solo sancionar al autor del delito, sino también reparar el daño causado a la víctima y restablecer la paz social.
El proyecto agrega cuatro nuevos artículos y modifica dos de ellos. “La implementación de nuevos mecanismos de extinción de la acción penal, ya reconocidos a nivel federal y reglamentados en diversas provincias, permitirá mejorar la eficacia del sistema penal y optimizar los recursos humanos de la administración de justicia en esta área. Esto resultará en un aumento de la capacidad de respuesta y en la reducción de los tiempos de resolución de los casos”, fundamentó el autor de la iniciativa.
Por último, continuará analizándose en dicha comisión el proyecto de Ley N° 266/24 presentado por la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz) para la modificación del Artículo 116 Inciso b de la Ley Provincial, mediante el cual se establece que no podrán ejercer la profesión de abogados en la provincia de Santa Cruz los magistrados y funcionarios judiciales jubilados, por el término de dos años a partir del acceso al beneficio previsional. Asimismo, establece que aquellos abogados que presten servicios para el Estado Provincial, no podrán asesorar, representar, intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales o patrocinar en juicios contra el Estado Provincial.
