El Gobierno oficializó este viernes la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones(RIGI). Lo hizo mediante el Decreto 749/2024 publicado en el Boletín Oficial. Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en agosto bajo la ley de Bases con su conjunto de medidas fiscales correspondientes.
El objetivo del RIGI es ofrecer incentivos, asegurar la certidumbre y seguridad jurídica, y establecer un sistema de protección de derechos adquiridos para los responsables de un único proyecto de inversión que supere los u$s200 millones.
De acuerdo al texto oficial, el RIGI "tiene como objetivo principal reglamentar y poner en marcha un régimen de incentivos diseñado para atraer grandes inversiones a distintos sectores de la economía argentina, así como generar las condiciones necesarias para que empresas nacionales y extranjeras realicen inversiones de gran envergadura en el país".
¿Cuáles son los objetivos principales de este régimen?
El texto oficial menciona específicamente los objetivos del régimen, así como los incentivos ofrece. Como se mencionó, el principal objetivo es atraer inversiones extranjeras directas (IED) y fomentar la inversión nacional en sectores estratégicos como la industria, el turismo, la minería, la energía, etc.}
Generar empleo: se busca promover la creación de empleo de calidad y fomentar el desarrollo de las regiones.
Aumentar las exportaciones: se espera que estas inversiones impulsen las exportaciones argentinas y diversifiquen la matriz productiva.
Desarrollar sectores estratégicos: el régimen busca impulsar el desarrollo de sectores que son considerados clave para el crecimiento económico del país.
¿Qué tipo de incentivos se ofrecen?
El decreto no detalla específicamente los incentivos que se otorgarán, pero menciona que se establecerán condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad para las empresas que inviertan. Algunos de los incentivos posibles podrían incluir: exenciones impositivas, devolución del IVA para las empresas, facilidades crediticias y garantías estatales.
El detalle de la norma: sector por sector
Las empresas interesadas en adherirse al programa contarán con un plazo de dos años para hacerlo, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo extienda ese periodo por un año adicional. El decreto mencionado anteriormente establece esta reglamentación entró en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial.
FUENTE: Ámbito.
