Actos de violencia en la Legislatura y silencios cómplices

Desde hace un buen tiempo, la Legislatura de Santa Cruz dejó de ser “la Casa del Pueblo” como históricamente se conoció al edificio que funciona en la esquina de calles Teófilo de Loqui y Alcorta. Ni hablar del mote de “Honorable” que la papelería oficial muestra casi como imponiendo una condición que ya no es tal. “Honorable” según la RAE se refiere a una persona “digna de ser honrada. Es el modo de ser o de comportarse de la persona que tiene buena opinión y merece respeto de los demás. La honorabilidad puede verse afectada por denuncias o acusaciones que pongan en duda la integridad o la reputación de la persona”.

Desde hace 62 días, la “Honorable” Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz viene desoyendo una orden judicial que solicita quitar los fueros a un diputado provincial por estar acusado en una causa de “abuso sexual y abuso de autoridad”. Había un tiempo en que el Derecho pregonaba que los fallos judiciales se cumplen, no se interpretan. El Juez Jorge Yance firmó el pedido de desafuero, haciendo lugar a la denuncia interpuesta por una mujer que trabajaba en la Municipalidad de 28 de Noviembre cuando Fernando Españón era Intendente. Actualmente, el diputado provincial se encuentra procesado en dos causas relacionadas con estos delitos y sí… sigue siendo diputado. Esto gracias a los artilugios de la política, la misma política que ahora casi 60 días después de la orden judicial, intenta meter un proyecto de ley por la ventana para que tenga rápida sanción, intentando dividir el fuero que otorga el cargo de la condición de diputado electo en ejercicio. Ni Maquiavelo se hubiera animado a tanto.

La renuncia de Fernando Españón a la presidencia del Bloque del espacio político que representa al gobernador en mandato, era tan necesaria como lógica, aunque a veces el sentido común no sea el más común de los sentidos. Toda la situación resulta insostenible, incómoda, y le termina significando un enorme costo al Gobierno. Nadie entiende como Españón no se fue antes de que todo explotara, como no se dibujó una salida elegante de esas que la política suele inventar para evitar que el tsunami se lleve todo y a todos puestos. Hoy pareciera que cualquier camino a tomar, llega a destiempo y con mucha improvisación, porque el lastre es tan pesado que ya nadie lo puede remontar.

Tal vez por eso -y que no se entienda como una justificación- muchos diputados han preferido un sepulcral silencio. Pero el silencio también dice mucho. Éste en particular, deja a los legisladores del Bloque SER (y peor aún a las diputadas mujeres dentro de la bancada por el carácter de los hechos denunciados) en una situación extremadamente desagradable. La dicotomía es tan simple como compleja: o damos curso a la orden emitida por la Justicia o mantenemos una actitud corporativa para no quebrar el bloque y dilapidar definitivamente el desdibujado poder de la mayoría, generándole además un durísimo golpe de poder al Ejecutivo provincial.

Con un Vicegobernador que no hace su parte en esta historia, el escenario se complica aún más. Lo ocurrido con la diputada Lorena Ponce puso en vidriera y con luces de reflector, todo lo que el Gobierno no quiere mostrar de la actual gestión. La intentona de “justificar” un hecho de violencia verbal por un supuesto descontento ante un descuento de dieta, sonó casi como la pregunta de Mirta Legrand en un almuerzo cuando lanzó sin pensar “Y vos qué hacías para que te pegara”. Al menos la verborrágica conductora pidió disculpas por aquella desafortunada frase. Física o verbal, es violencia y punto, y no hay motivo ni razón que la justifique. 

Salvo los diputados del espacio político al que la diputada Ponce pertenece, poco se escuchó del resto de los legisladores, al menos públicamente. Tampoco fueron tantos los que ocupando un cargo municipal, provincial o nacional, se manifestaron sobre el hecho. Casi el mismo “silencio cómplice” que aplican a rajatabla para el caso Españón. 

Y como si no le sobraran aditamentos a esta situación, “Ficha Limpia” aparece en el horizonte como un fuerte dolor de cabeza, que empieza a sobrevolar y apurar los tiempos para algo que muchos creen a esta altura, será una decisión irremediable.

Sea como fuere, la Legislatura y sus integrantes deben recuperar ese rol que perdieron más por mérito propio y no porque el ciudadano les diera la espalda. Una disociación entre el representante y el representado que pone en peligro el valor conferido por la Constitución hacia uno de los Poderes del Estado. Le toca a esta composición parlamentaria, empezar al menos a transitar ese camino de recuperación, donde el ciudadano vuelva a sentirse “representado”. Con actitudes violentas o silencios cómplices es poco lo que se puede esperar para que la Cámara de Diputados pueda recuperar su honorabilidad.