Dos hombres fueron imputados por el delito de encubrimiento en el crimen de Lautaro Nahuel Gallardo en Bariloche. El joven fue hallado asesinado a balazos cerca del cementerio este último fin de semana.
Según la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, ambos habrían omitido identificar a los autores del crimen. A uno de ellos se le atribuye que, por la tarde del sábado en la Comisaría 28, habría ocultado deliberadamente información clave sobre los responsables.
Respecto al otro imputado, se le endilga el mismo delito también por haber omitido identificar a los autores y brindar declaraciones contradictorias respecto de sus acciones previas al homicidio.
La formulación de cargos tiene sustento en diferentes entrevistas relevadas, el informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, informe de la autopsia, acta de allanamientos realizados en la misma jornada en que sucedió el hecho, acta de procedimiento policial, entre otras evidencias.
Uno de los imputados fue asistido por un defensor particular en cambio el otro contó con la asistencia técnica de la defensa pública penal. Ambas partes hicieron planteos acerca de la legalidad de detención y la medida cautelar solicitada. A su vez, uno de los imputados hizo uso del derecho a declarar en esta instancia procesal.
El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por los hechos relatados por el equipo de fiscales que constituyen el delito de encubrimiento de un hecho grave, en calidad de coautores.
El magistrado también otorgó a las partes hasta el 30 de diciembre de este año para que efectúen la investigación penal preparatoria.
En la audiencia la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, medida que fue admitida por el juez interviniente. En su resolución, el magistrado fundamentó la decisión en la necesidad de proteger a siete testigos claves que declararon de forma contradictoria a lo manifestado por los imputados.
La prisión preventiva se dispuso por el término de un mes, hasta el 1 de octubre de 2025, y deberá cumplirse en la Unidad Penal Nº3 o en otro establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial, dada la situación de sobrepoblación en las comisarías locales.
