El Juez de Familia explicó los motivos de su fallo donde pidió la suspensión de Virginia Pedemonte en el cargo de Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos. De los casi 400 casos, el equipo interdisciplinario sólo puede dar respuesta a unos 30 casos de manera efectiva.
LA CIUDAD11 de julio de 2019
"Esto viene a cuento de un pedido de intervención que realiza el Ministerio de Desarrollo Social como órgano de contralor de los organismos locales de infancia, que manda un oficio al Defensor General ante el Tribunal Domingo Fernández. Él lo deriva a la Defensoría en turno que es la que inicia el amparo. Mi fallo va en la misma línea que alertaron varios magistrados sobre el funcionamiento del área" señaló el Juez de Familia, doctor Antonio Andrade en relación al fallo que firmó ordenando la suspensión de Virginia Pedemonte como titular de la Secretaría de Niñéz, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos y la respectiva instrucción de un normalizador en el área.
En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el magistrado explicó "uno de los argumentos es que no pueden controlar porque no les brindan información o la información es parcializada o no estarían pudiendo lograr la función de supervisión. A partir de allí y con toda la documentación que remitió el Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría, y la mismísima Municipalidad, se corroboraron una serie de datos más que nos ponen en alerta para tomar algún tipo de decisión básicamente para ver cómo está funcionando esa área".
"Según lo que dice el Ministerio de Desarrollo y la respuesta de Niñez y del Municipio dicen que no habría ninguna dificultad. Por ende estamos en un brete, porque corroborando cuestiones que son muy graves, y a partir de lo que sugiere la doctora Zuvic y el doctor Fernández, no está funcionando tan normal como expresan desde el Municipio" agregó.
"Hay varios tópicos. Uno que tiene que ver con los incumplimientos a contestaciones de informes, incumplimientos con los plazos legales, con aquellos niños niñas y adolescentes que son retirados de su domicilio, pero no estamos hablando de días, sino de varios meses y varias reiteraciones de oficios" explicó el Juez, que agregó "lo que pude corroborar tiene que ver con algunos de los informes que hizo el Ministerio de Desarrollo Social que es el desborde de los equipos técnicos. El Ministerio corroboró que un equipo conformado por un abogado, trabajador social y psicólogo, están a cargo de 400 casos. De esos 400 reconocen que pueden abordar 30, menos del 10%. Eso nos pone en una situación realmente compleja en el que peligra quizás la integridad, la salud, la vida y quien sabe que otro derecho más de un niño abordado".
"La Defensoría tiene que iniciar un amparo para que le brinden información. Si ninguno de los operadores del Estado puede acceder, es el Poder Judicial quien de alguna forma tiene que buscarle la vuelta. Esta resolución no debiera ser tan traumática para nadie porque en realidad es un pedido de normalizar o ver como están dadas las cosas. Y después se continuara con el trabajo" explicó Andrade acerca de su fallo.
"Se está hablando de que el sistema no esta funcionando. En relación al tema de los facilitadores, dicen que no estarían pudiéndose reunir con los equipos técnicos que le tienen que dar las pautas para trabajar en cada caso particular, por el desborde de casos. Mi idea es que esto se pueda dialogar para que lo podamos hacer arrancar. Yo también formo parte del Estado y entre todos formamos parte del sistema de protección de infancia. Tiene que haber algún tipo de mecanismo para que no lleguemos a este nivel" aseveró el magistrado.
Los cursos se dictarán en la Casa de la Juventud y estarán orientados a robótica, impresión 3D, programación con inteligencia artificial y uso de drones. Las inscripciones comienzan el próximo lunes.
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