LA PROVINCIA 02/06/2020

Jóvenes santacruceños de una delegación deportiva continúan varados en Chile

A María López le dijeron que "el estado no se podía hacer cargo". Ella tiene a su hijo Juan Carlos oriundo de Río Gallegos varado en Cauquenes en la República de Chile, a 400 km de la capital Santiago. Los bajaron del colectivo en el último operativo de repatriación. Siguen esperando volver desde el 29 de febrero.

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En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, María López, madre de uno de los jóvenes futbolistas varados, comentó que el club les dio una casa a ellos y comida hasta el 30 de abril. "Les notificaron que la comida no se la podían dar más ya que los clubes están subsidiados por las municipalidades, lo que podían hacer por ellos es dejarlos en la casa, hasta que puedan volver” indicó María. 

Ante la consulta sobre el envío de dinero para mantener el consumo de alimentos de su hijo explicó: “Nosotros el problema que tenemos es que cobramos una vez por mes, por lo que le enviamos dinero todos los meses pero se hace muy difícil”.

Por otro lado explicó la forma de regresar que puede tener su hijo y aclaró que para volver "ellos tienen que ser repatriados. Fueron notificados para volver el 20 de mayo y que tenían que presentar en el consulado para completar los formularios necesarios. Ese día estuvieron haciendo los formularios, tipo 2 de la tarde terminaron y los dejaron hasta el otro día en una iglesia para que pudieran viajar”.

María explicó que “les avisaron que llegando a Buenos Aires iban a tener que pagarse hotel y comida durante 14 días, pero luego les terminaron avisando que por órdenes del Gobierno de Santa Cruz no se podían subir al colectivo”.

Ante la consulta por una eventual respuesta del consulado, la mamá del joven varado en Concepción explicó: “A mí me dijeron que son chicos, que tienen que aguantar y que la responsabilidad era del club o de los padres que estén allá, a mí me llamo cancillería para avisarme esto. El Cónsul les dijo que le iban a dar una asistencia económica y que ellos tenían que llamar a cancillería para saber si sus padres contaban con recursos económicos. Les terminaron diciendo que la responsabilidad era nuestra, de los padres y que el estado no se podía hacer cargo”, finalizó. 




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