En el marco de un gran hermetismo informativo sobre la causa que investiga la Justicia local respecto a la denuncia realizada al Vicegobernador Eugenio Quiroga, el Portal de Noticias de Caleta Olivia Voces y Apuntes pudo conocer que se trata de una denuncia sobre la «presunta afectación a la integridad sexual de una menor de edad». En este contexto,  la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 1, se inicia por la presentación realizada por una tercera persona que no tiene vínculo familiar con la víctima.

De esta manera, según coincidieron diferentes fuentes consultadas, la causa está en plena tarea de investigación, por lo que se dio inicio a las primeras medidas procesales que deberán determinar si el, o los hechos denunciados existieron y luego determinar la autoría del mismo.

Respecto a las medidas procesales, la  primera que se realizó fue la Cámara Gesell, por lo que se espera que exista inicialmente un informe preliminar a cargo del gabinete psicosocial del Juzgado. Posteriormente manifestaron las fuentes consultadas, «se estudiará ese informe y si es necesario ampliar algunos aspectos del mismo, pueden solicitarse otras diligencias».

La causa se encuentra en plena tarea de recolección de pruebas, que puedan establecer la existencia del hecho y el grado de responsabilidad o no, que le cabe a la persona que fue denunciada.

REPUDIO DE ADEPA y FUNDACION LED

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió la disposición de la justicia provincial respecto de la denuncia impuesta en el marco de la denuncia al vicegobernador Eugenio Quiroga.

El comunicado emitido por la institución señala "La decisión del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, de prohibir “toda publicidad, divulgación y/o difusión de las circunstancias de hecho de la causa” en la cual se investiga un presunto abuso de menores por parte del vicegobernador, constituye una medida de inaceptable censura judicial".

"La atribución del Poder Judicial de proteger la intimidad de los menores que puedan haber resultado víctimas de un hecho aberrante, no puede ser extendida al extremo de erigirse en una forma de impedir poner en conocimiento de la ciudadanía los graves delitos de los cuales se acusa a un funcionario público de la más alta jerarquía" agrega el comunicado de la entidad.

"Toda aquella prohibición judicial que vaya más allá de lo estrictamente necesario para proteger la intimidad de los niños se transforma en un supuesto de censura previa prohibido de modo absoluto por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tanto más grave en casos en los cuales se procura silenciar información que atañe a uno de los funcionarios públicos más importantes de una provincia" concluye.

Por su parte, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifiesta su preocupación ante una resolución de la justicia de la provincia de Santa Cruz que, mediante un oficio, notificó a distintos medios provinciales la prohibición de publicar información en una causa vinculada al vicegobernador Eugenio Quiroga que tramita en la justicia de familia", expresó el organismo.

En esa línea, siguió: "Según el oficio, remitido por la Dra. María Florencia Olivera, a cargo de la Secretaría de Violencia Doméstica del juzgado en el cual subroga la Dra. Rosa Elena González, se comunica a los medios notificados la “prohibición de toda publicidad, divulgación  y/o difusión de las circunstancias de hecho” de la causa en cuestión".

"Resulta particularmente inusual que el oficio no refiera la causa sobre la cual deben abstenerse de informar los medios santacruceños, ya que por error o mala práctica jurídica la misma no aparece referida con claridad en el documento, lo cual hace imposible su cumplimiento", comentó.

Asimismo, añadió: "Independientemente de este defecto formal, el intento de la justicia de impedir que se dé a conocer información sobre una causa judicial es una posible limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y del derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran".

"Más allá de las inconsistencias del oficio, resulta claro que la medida tiende a evitar que se difunda información en una causa de familia que involucra al vicegobernador de la provincia, sobre el que pesa además una denuncia penal vinculada a su ámbito familiar", opinó.

"El intento de silenciar la información sobre el funcionario en los medios provinciales, se agrava por el hecho de que el vicegobernador anunció por la red social Twitter que tomaría licencia hasta tanto se investigue una denuncia que pesa en su contra sin informar oficialmente los motivos de la misma. Desde ese posteo, publicado el 17 de abril del corriente, no hubo explicación oficial del funcionario ni del gobierno que integra", mencionó.

En ese sentido, manifestó: "De este modo, el silencio de Quiroga, la falta de información oficial y la medida judicial destinada a silenciar a los medios de comunicación constituyen una grave restricción al derecho de información de los ciudadanos de Santa Cruz, ya que como reza el principio 11 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” por lo que los hechos vinculados a sus conductas, aun las que estén reservadas a su ámbito personal, resultan de interés de la sociedad para la eventual evaluación de sus responsabilidades en el ejercicio del cargo. Siendo entonces información de interés público, negarla constituye una grave restricción a un derecho consagrado en la Constitución Nacional. La rendición de cuentas de los funcionarios a la sociedad es una obligación indelegable".

"Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 garantiza el derecho de todos los ciudadanos “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, por su parte,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece claramente en su artículo 13 que el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión “no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores” y a su vez la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH fija estándares de mayor exigencia de transparencia e información para los funcionarios públicos", expresó.

"En consecuencia, debe reverse la medida dispuesta por la Justicia, ya que si los medios restringen la información vinculada a los hechos que involucran al Vicegobernador, el derecho vulnerado será el de todos los ciudadanos", dijo.

Y concluyó: "LED dará seguimiento a la evolución de este caso y continuará trabajando para que toda la sociedad, incluidos los poderes judiciales, comprendan que la labor de la prensa independiente es una condición indispensable para la plena vigencia de los Derechos Humanos