Solicitan que Estados Unidos detenga el "río" de armas que fluye hacia América Latina

Más de la mitad de las armas relacionadas a actividades criminales que son recuperadas y rastreadas en América Central provienen de los Estados Unidos, según la agencia estadounidense de control de armas ATF. Este nivel se acerca al 70% para México y ronda el 80% en todo el Caribe.

"Se llama el río de hierro y está inundando los países del sur", dijo Elizabeth Burke, de la organización estadounidense sin ánimo de lucro Global Action on Gun Violence en un evento organizado por el Center for American Progress en Washington.

Burke pidió normas que impidan a los fabricantes vender a comerciantes con prácticas de distribución laxas. Los fabricantes también deberían dejar de vender armas perforantes y pistolas que puedan modificarse fácilmente para disparar cientos de balas a la vez, afirmó.

El activista John Lindsay-Poland, de Stop US Arms to Mexico, añadió que la laxitud de las normas sobre licencias y su aplicación contribuye a facilitar el flujo transfronterizo de armas, incluidas las de grado militar que desean los cárteles.

"¿Por qué estaríamos armando a las mismas personas contra las que decimos estar luchando?", señaló, pidiendo más controles al inicio de la cadena de suministros.

Dieciséis estados de los Estados Unidos y un puñado de gobiernos caribeños expresaron el mes pasado su apoyo al recurso de México
en una demanda civil contra los fabricantes de armas estadounidenses, que pretende responsabilizarlos de facilitar el tráfico de armas letales.

Los fabricantes de armas estadounidenses sostuvieron que venden armas de fuego legalmente a estadounidenses que pasan una verificación de antecedentes, y sus abogados argumentaron que responsabilizarlos abre la puerta a otras demandas, como la muerte de rusos asesinados por sus armas en Ucrania.

Las cifras del Gobierno estadounidense muestran que el año pasado los ingresos por envíos legales de armas de fuego a Latinoamérica aumentaron un 8%, y la mayoría de las ventas se destinaron a Brasil, México, Guatemala y Colombia.

La Asociación Nacional del Rifle y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a una solicitud de la agencia de noticias Reuters para formular comentarios.

"No queremos más tragedias en nuestras familias. Destruye vidas, separa familias, llena de dolor y pánico a las comunidades", clamó María Herrera, fundadora de un colectivo nacional que investiga las  numerosas desapariciones forzadas en México y donde el número de homicidios con armas de fuego está aumentando.

FUENTE: BAE NEGOCIOS