La diputada nacional Ana María Ianni presentó dos iniciativas legislativas poniendo de manifiesto el alarmante avance del Gobierno Nacional que deja en situación crítica a personas con problemas de salud, y también exponiendo la afrenta que realiza con los medios públicos que garantizan el acceso a la información para todos los argentinos.

Estas preocupaciones quedaron plasmadas en dos proyectos de resolución presentados esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación.

El primero de ellos solicita al Poder Ejecutivo Nacional que disponga las medidas necesarias de manera urgente tendientes a la apertura de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) dependiente de Políticas de desarrollo comunitario y acompañamiento en situaciones de emergencia del Ministerio de Capital Humano, que el pasado 5 de febrero se encontraba cerrada sin dar información precisa, dejando en la incertidumbre a muchísimas personas en situación de pobreza que tienen patologías terminales interrumpiendo sus tratamientos, lo que puede generar consecuencias irreversibles e incluso provocarles la muerte.

“De persistir esta política, miles de personas en situación de pobreza se quedarán sin sus medicamentos además de no poder costearlos en un cuadro de alza de los precios producto de la política de desregulación y en beneficio de las farmacéuticas”, expresó la diputada. Cabe recordar que la DADSE responde a toda la población del territorio argentino que carece de cobertura sanitaria, en situación de vulnerabilidad social y de recursos económicos que garanticen el acceso al tratamiento médico.

La segunda iniciativa presentada, repudia las medidas que está impulsando el Poder Ejecutivo Nacional al avanzar en la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través del decreto 89/24, al proponer un fuerte recorte presupuestario a las asignaciones específicas que se destinan al sector de la cultura, y al buscar privatizar los medios de comunicación públicos.

Mediante el texto, la legisladora se propone “alertar y solicitar la revisión de lo que resulta una clara regresividad de los derechos fundamentales ya que se restringe el derecho a la libertad de expresión y a la información, quita espacio a la participación democrática y plural en las políticas de servicios de comunicación audiovisual y elimina las barreras a la conformación de monopolios”.