Revés judicial al Gobierno: ordenan restituir tecnicaturas y fondos a la Fundación Valdocco
El juez Marcelo Bersanelli falló a favor de la Fundación Valdocco y ordenó al Consejo Provincial de Educación restablecer dos carreras técnicas eliminadas en El Calafate. También exigió el pago de salarios docentes y la reactivación de fondos alimentarios para estudiantes vulnerables.
La Justicia de Santa Cruz falló a favor de la Fundación Valdocco en la causa contra el Consejo Provincial de Educación (CPE) y el Estado provincial. El juez Marcelo Bersanelli, titular del Juzgado Civil N.º 1 de Río Gallegos, hizo lugar al amparo presentado por la institución y ordenó la restitución de las tecnicaturas eliminadas, el pago de salarios docentes y la regularización de los aportes alimentarios.
La disputa comenzó cuando el CPE dejó sin efecto, mediante el Acuerdo N.º 265/2024, las resoluciones que avalaban dos carreras técnicas dictadas por la Fundación en El Calafate: Lenguaje Artístico Combinado y Música Popular, y Deporte, Tiempo Libre y Recreación. El organismo alegó falta de reconocimiento nacional y presuntas irregularidades administrativas.
Sin embargo, el fallo judicial declaró la nulidad de ese acuerdo y ordenó al CPE abstenerse de intervenir o modificar la situación del personal docente. Además, obliga al Estado provincial a saldar los sueldos adeudados y reactivar los fondos alimentarios para estudiantes en situación de vulnerabilidad, que asisten a las casas que la Fundación mantiene en Cañadón Seco y El Calafate.
“El derecho de las y los jóvenes a elegir su formación debe estar por encima de las disputas políticas”, expresó el sacerdote Juan Carlos Molina, presidente de la Fundación, quien denunció una campaña de desprestigio y celebró la resolución como un acto de justicia. También agradeció a estudiantes, familias, abogados y medios que acompañaron el reclamo durante los meses de conflicto.
El fallo también advierte al Estado que no puede reducir el financiamiento mensual ni interferir en el funcionamiento interno de la Fundación, que se había visto forzada a cubrir los salarios con recursos propios tras la suspensión de los fondos oficiales. La medida se dictó tras una cautelar previa que ordenaba “no innovar” hasta la resolución definitiva.
“El camino continúa. Seguimos peleando por los derechos de los pibes y pibas, en la justicia y en la sociedad”, concluyó Molina.
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