El Gobierno nacional denunció que la administración macrista adquirió 600.000 dosis de vacunas triple bacteriana dentro del calendario nacional y las dejó vencer en un frigorífico, que había sido contratado por la cartera de Salud. Fueron denunciados los ex ministros del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, entre otros.

La denuncia fue realizada por la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Félix Crous, y recayó, tras el sorteo realizado este lunes, en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. Los denunciados fueron los ex ministros del Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, entre otras autoridades sanitarias.

La OA tomó conocimiento de la existencia de las 600.000 dosis de la vacuna dTap (triple bacteriana acelular) adquiridas con el objeto de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, las cuales se encontraban vencidas en una cámara perteneciente al Frigorífico Oneto y Cia. SAIC, el cual fuere contratado por la cartera como operador logístico.

Por otra parte, el organismo dio con una contratación directa -sustanciada entre los años 2018/2019- cuyo objeto resultó la recolección, tratamiento y disposición final de aproximadamente 40 toneladas de residuos peligrosos alojados en el mencionado Frigorifico Oneto dentro de las cuales se encontraban las 600.000 dosis de dTap.

El Estado nacional -a través del Ministerio de Salud- habría invertido la suma de u$s6.610.306 en la adquisición de las dosis importadas y la de $4.370.000 en el tratamiento y disposición final de las mismas.

El 16 de septiembre de 2016 el entonces ministro de Salud Lemus dictó la Resolución 1464450/2016 mediante la cual se dispuso adquirir 600.000 dosis de la vacuna dTap (triple bacteriana acelular) del laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A.. La vacuna tiene como objeto el proteger contra la difteria, tétanos y tos convulsa, y es aplicada en mujeres gestantes y niños de 11 años de edad (tal como lo indica el Calendario Nacional de Vacunación).

Los vencimientos de las dosis operarían sucesivamente entre los meses de abril y agosto de 2018, según se consigna en un informe de la denuncia.

Prosiguiendo con el derrotero, se desprende del informe que el embarque arribó al país el 7 de diciembre de 2016, ingresando a la aduana, y permaneciendo en la “Terminal de Cargas Argentina S.A” (TCA), hasta el día 13 de julio de 2017, fecha en la que se realizó el despacho a plaza. Ese mismo día se trasladaron las vacunas al depósito del operador logístico, el Frigorífico Oneto.

En ese depósito se llevó a cabo la revisión física de la carga, de la que surgió que presentaba averías y frascos rotos (60 dosis), procediéndose a separar los envases averiados en una caja identificada como “cuarentena”.

El 28 de julio de 2017 el farmacéutico Eduardo Frydman recibió vía mail la lectura de sensores de temperatura, y dos días después, el 30 de julio de ese año, informó que los sensores que acompañaban la carga habían expirado en el mes de diciembre de 2016, por lo que correspondía ingresar todo el lote de la vacuna a cuarentena, hasta tanto se contase con los termogramas de las cámaras de la TCA.

“Surge de la investigación administrativa sustanciada en el ámbito del Ministerio de Salud, que no se han hallado los requerimientos de los termogramas de TCA, elemento de suma importancia para proceder a la distribución y posterior aplicación de las dosis adquiridas”, advierte la denuncia de la OA.

“Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento”, agregó.

Para empeorar la situación, el 30 de julio de 2017, día en que se informó que los sensores que acompañaban la carga habían expirado en diciembre de 2016, aún le quedaban a las vacunas más de ocho meses de vigencia, en tanto el primer lote vencía el 30 de abril de 2018.

Sin embargo, según lo informado, las autoridades del Ministerio de Salud habrían omitido solicitar y analizar los termogramas de las cámaras de la TCA, información que de resultar adecuada y aun con las demoras descriptas, hubiera permitido su distribución y posterior inoculación conforme el Calendario Nacional de Vacunación. Ello no ocurrió y recién el 22 de abril de 2019, cuando las vacunas llevaban entre 7 y 12 de meses vencidas (considerando cada lote), fueron rechazadas por desvío térmico a través de un correo electrónico carente de toda fundamentación.

Paralelamente, se sustanció un segundo procedimiento, cuyo objeto resultó contratar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aproximadamente 40 toneladas de residuos peligrosos, los cuales conforme lo informado se encontraban almacenados en el Frigorífico Oneto.

En tal sentido, se ha detallado extensamente que dichas actividades irrogaron para el Estado nacional la inversión de al menos u$s6.951.404,03 la cual se conforma de la siguiente manera:

 Adquisición de Vacunas dTaP por u$s6.610.306.
 Almacenaje en TCA-AA2000 por u$s52.739,36.
 Almacenaje en Frigorifico Oneto y Cia. por u$s205.207,69.
 Disposición y Destrucción por u$s83.150,98.

“De las constancias remitidas por el Ministerio de Salud de la Nación y aquellas reunidas en el marco de esta investigación preliminar, se puede concluir -con el nivel de provisoriedad requerido para esta etapa- que los montos indicados se habrían abonado en perjuicio del erario público estatal”, se indicó en la denuncia de la OA.

FUENTE: Ámbito.