Chile: Oficiales presos en Punta Peuco reconocen violaciones a los derechos humanos

Mea culpa tardío. Cincuenta años después, un grupo de 27 oficiales de las Fuerzas Armadas, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura chilena, reconocieron que en el cumplimiento de sus deberes "y en la forma como lo entendían en esa época", muchas de sus acciones "produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias".

En una carta que leyó en un punto de prensa el diputado Gonzalo de la Carrera, exmilitante del ultraderechista Partido Republicano, los reos del penal de Punta Peuco asumieron “la responsabilidad” por el “pávido silencio” de sus superiores que “no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”. 

Para Beto Rodríguez Gallardo, sobreviviente de la familia Gallardo Moreno, no se trata de un mea culpa. "Es una estrategia comunicacional de estos agentes del Estado para intentar sensibilizar a la opinión pública" señala a PáginaI12. "No dicen qué hicieron, siendo que tienen responsabilidades gravísimas. Reivindican la postura militar y le mandan la carta a un negacionista y ultraderechista", agrega con vehemencia.

La misiva, conocida un día después del 50 aniversario del golpe que instauró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), agrega que tales acciones son “reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia” que al respeto “por el que se consideraba adversario”.

¿Qué buscan?

Los militares empatizaron con "los eslabones más bajos y débiles de la cadena de mando" (suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles) que "tienen como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos", dice la carta. 

Presos en Punta Peuco, un penal exclusivo para 134 condenados por crímenes de lesa humanidad, los firmantes solicitaron beneficios carcelarios para sus subalternos y pidieron a la sociedad civil "el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de justicia 'justa'" para ellos. 

Hace tiempo que los familiares de las víctimas de la dictadura reclaman que los presos sean trasladados a cárceles comunes y califican a Punta Peuco como una cárcel vip. El mes pasado, la expresidenta Michelle Bachelet, afirmó en una entrevista con CNN Chile que dio la orden de cerrar el penal, pero que no le hicieron caso, aludiendo a Jaime Campos, su exministro de Justicia. La idea de la expresidenta socialista era trasladar a los reos de Punta Peuco a un anexo de Colina I, en instalaciones comunes con otros presos.

"Esta declaración de los militares evidencia que no se va a avanzar en verdad y justicia. Es sólo una estrategia para obtener beneficios", sostiene Rodríguez Gallardo. "Quieren salir rápido de la cárcel, siendo que en algunos casos recibieron condenas irrisorias, que tardaron 30 o 40 años". 

Erika Hennings, exsobreviviente del centro de detención Londres 38, se muestra indignada.  "Es un mea culpa sin reconocimiento de la participación  directa en detenciones y desapariciones. No son suboficiales, la mayoría son oficiales. Nunca han reconocido sus crímenes en tribunales y cientos de careos". 

Hennings espera que Gerardo Godoy García, ex teniente coronel de Carabineros y exjefe del Grupo Tucán de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sea condenado por la detención y desaparición de su esposo, Alfonso Chanfreau. Godoy García es uno de los nombres de la carta. 

A 50 años de la dictadura, los superiores de estos oficiales -generales, coroneles- están en su mayoría muertos. Los máximos responsables se llevaron su silencio y su impunidad a la tumba. El mismo general Pinochet murió sin ser condenado. 

La diputada comunista Karol Cariola se refirió al contenido de la carta a través de su cuenta de "X" (ex Twitter). "Los violadores de DD.HH. presos en Punta Peuco deben contribuir a la justicia entregando los nombres de los generales y las órdenes que impartieron. Chile merece conocer toda la verdad, incluso la de la cobardía de oficiales que hasta hoy esconden su autoría en los crímenes". 

Los oficiales obedecieron órdenes que significaron violaciones a los derechos humanos durante décadas. El historial de Carlos Herrera Jiménez incluye el fusilamiento de prisioneros en Pisagua (cerca de Iquique, al norte), participación en la Central Nacional de Informaciones (CNI) y el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Jiménez fue el único de los firmantes que pidió perdón ante la justicia. 

Con todo, es la primera vez que detenidos en el penal Punta Peuco reconocen violaciones a los derechos humanos. En 2018, el entonces presidente Sebastián Piñera indultó al excoronel del Ejército, René Cardemil, quien cumplía una condena de diez años en dicho penal.  "Nunca nos van a ganar", así había expresado en el banquillo su nulo arrepentimiento por los secuestros y asesinatos en los que participó durante la dictadura. 
 

FUENTE: PÁGINA/12