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En el excentro clandestino de la última dictadura hoy funciona un Museo Sitio de Memoria, declarado como Patrimonio Mundial de la humanidad por Unesco. La candidata sostuvo que el predio de 17 hectáreas debería tener otras funciones.
EL PAIS14/11/2023La candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, que acompaña a Javier Milei en la fórmula de La Libertad Avanza (LLA) de cara al balotaje de las elecciones presidenciales 2023, sumó una nueva provocación en términos de derechos humanos. La abogada negacionista propuso destinar a otras funciones el predio de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA), donde tuvo lugar el mayor Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura y, desde hace 19 años, es un Espacio para la Memoria.
"La ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo", planteó Villarruel en diálogo con TN. “Sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, y lo que más necesitamos son escuelas”, agregó sobre el predio ubicado en avenida del Libertador 8151, en el barrio de Núñez, donde funciona el Museo Sitio de Memoria ESMA, declarado Patrimonio Mundial de la humanidad por la Unesco en septiembre de 2023, por lo que existe un compromiso internacional de mantener su conservación y protección.
No es la primera vez que la candidata a vicepresidenta incurre en este tipo de provocaciones y polémicas. Integrante de una familia militar e hija de Eduardo Marcelo Villarruel y Diana Destéfani, la abogada de 48 años cuestiona sistemáticamente la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos y es una de las caras visibles de quienes propugnan la denominada “teoría de los dos demonios”.
Sin ir más lejos, en línea con su postura de contar la “memoria entera” de lo que fue la última dictadura cívico-militar, organizó a principios de septiembre un “homenaje a las víctimas de los ataques perpetrados por Montoneros, el ERP y otras organizaciones durante los años 70” en la Legislatura porteña.
Anoche, retomó su embate contra los derechos humanos y cuestionó los aportes estatales destinados a las víctimas del terrorismo de Estado y consideró que “el área de Derechos Humanos ha sido un verdadero agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, e indemnizaciones”.
En esa línea, propuso una auditoría de estos fondos. “Acá hubo víctimas, pero no son todas las víctimas que hay. Me gustaría que se sumen las víctimas que faltan”, expresó, y luego sumó: “Hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero después murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó. Esas personas no son víctimas, no pueden cobrar indemnización”.
“Tiene que haber una auditoría sobre cómo se entregaron estos fondos, porque se entregan con el hambre del que vive acá en situación de calle en la Plaza Constitución. Habría que darle una revisión a eso”, cerró.
Fuente: Página 12
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