Estos fondos fueron otorgados como "señal de apoyo al proceso de reformas económicas encarado por el Gobierno nacional", según afirma un comunicado oficial.
Ya son más de 3.000 los detenidos en Ecuador desde el estallido del "conflicto armado"
El Presidente declaró al país en estado de "conflicto armado interno" y dio estatus beligerante a las bandas, convertidas así en objetivos militares. También ordenó a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones militares" contra 22 grupos criminales.
EL MUNDO23/01/2024Un total de 3.052 personas fueron detenidas hasta el presente en Ecuador después de que el país declarara el 9 de este mes un "conflicto armado interno" contra bandas del narcotráfico que incluye la intervención de las fuerzas armadas y de seguridad, comunicó la policía del país.
Además, en este período se realizaron 85 operaciones contra "grupos terroristas" (la denominación que le dio el Gobierno ecuatoriano a 22 bandas criminales y narcotraficantes) con participación de 33.858 operativos.
Entre los detenidos, 158 fueron acusados por presunto terrorismo, amplió la policía ecuatoriana.
El pasado fin de semana, el Ejército de Ecuador dio inicio a un megaoperativo en la localidad de Vinces, en la provincia de Los Ríos y a 200 kilómetros de Quito, donde hallaron "cerca de 22 toneladas de clorhidrato de cocaína distribuidas en 733 bultos", reveló la institución castrense en la red X.
Asimismo, fueron decomisadas 10 toneladas dentro de una bodega en una zona rural. El Ejército calificó al operativo como uno de los más importantes "en los últimos tiempos".
El lunes, el Ejército elevó de 10 a 22 las toneladas de cocaína incautada.
Las autoridades estiman que la cocaína debía ser transportada a Asia, Europa, América del Norte y Central.
Asimismo, fueron confiscados 23.238 dólares en efectivo, más de 68.625 litros de combustible y 4.802 explosivos, así como armas de fuego, armas blancas, municiones, motocicletas, vehículos, embarcaciones y celulares, informó la agencia de noticias Sputnik.
La fuga del líder de la banda Los Choneros
Tras conocerse el pasado 7 de enero la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, vinculado también al cártel de la droga de Sinaloa (México) que cumplía 34 años de cárcel en la provincia de Guayas (sureste), Ecuador registró una cadena de hechos violentos.
Pocos días después, Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, señalado como uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Lobos, y acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de participar en un plan para asesinarla, también se evadió de otra cárcel.
Estos hechos ocurrieron cuando el presidente Daniel Noboa se disponía a poner la primera piedra en la construcción de cárceles de máxima seguridad en dos provincias del país, como parte de su Plan Fénix para retomar la tranquilidad ciudadana en Ecuador, que en 2023 renovó un récord con más de 7.000 homicidios intencionales.
Ante la ola de violencia, Noboa declaró el 9 de enero el estado de excepción por 60 días para movilizar militares a las calles y ordenó un toque de queda nocturno.
Las organizaciones narcotraficantes respondieron con una ofensiva que dejó una veintena de muertos, motines en cárceles, 200 rehenes en prisiones, policías secuestrados y ataques con explosivos.
"Conflicto armado interno"
Noboa declaró al país en estado de "conflicto armado interno" y dio estatus beligerante a las bandas, convertidas así en objetivos militares.
El presidente también ordenó a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones militares" contra 22 grupos criminales, que pasaron a ser concebidos como un "objetivo militar" para el Ejército.
Noboa detalló que el Gobierno implantará una "semaforización" del toque de queda, de modo que en "ciertos cantones” la medida se cumplirá en horarios distintos según la situación que registren, también como forma de “reactivar la economía”.
El Ejecutivo mantiene las clases virtuales para estudiantes de Quito y tres provincias costeras consideradas las más violentas del país.
Desde el 9 de este mes, el Plan Fénix de seguridad dejó cinco "terroristas" abatidos, 32 presos fugados recapturados y 11 policías secuestrados, luego liberados.
Asimismo, el Gobierno actualizó la lista de "los más buscados", con fotografías recientes de Fito y Capitán Pico.
Para financiar la guerra contra el narco el presidente propuso incrementar de 12% a 15% el IVA, una propuesta que discute el Congreso.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, Ecuador se convirtió en un centro logístico para la distribución de la droga principalmente a Estados Unidos y Europa.
Una veintena de bandas criminales, varias ligadas a carteles mexicanos y colombianos, se disputan las rutas e imponen el terror en las calles y en las cárceles.
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron este domingo la creación de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas trasnacionales.
La decisión se conoce en el día 1.000 de la invasión rusa en Ucrania y es una respuesta directa a la autorización de Washington para que Ucrania utilice misiles de largo alcance contra territorio ruso.
Afirmó que el FMI apoyará a la Argentina.
El mandatario libertario continúa este martes su agenda en Río de Janeiro, con varias reuniones bilaterales.
La gestión que dirige Javier Milei indicó que se sumará "a luchar contra el hambre y la pobreza", pero aclaró que lo hará "en torno a reformas del mercado".
El papa Francisco menciona por primera vez acusaciones de "genocidio" en Gaza apuntando a Israel y pide una investigación, en un libro a punto de publicarse y del que se difundieron el domingo en Italia varios fragmentos.
Será los próximos días 6 y 7 de diciembre según adelantó a nuestro medio el presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos, Enrique Jamieson. La comisión rural está en plena fase organizativa. A finales de mes se conocerá el precio de las piezas, aunque se asegura la excelencia del producto y “una muy buena relación precio calidad”, expresó el productor.
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Para concluir las obras del Programa de Crédito Argentino en Río Gallegos, que no seguirán bajo la ejecución del estado nacional, el Intendente Pablo Grasso presentó formalmente una solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación. Propuso un esquema de pago para transferir al Municipio la responsabilidad de las viviendas cuyas construcciones están detenidas.
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