En la noche del domingo comenzó a circular entre los diputados la versión final del proyecto de Ley Ómnibus. El texto contiene cien páginas menos y pasó de 458 a 358 páginas en menos de una semana. El Gobierno debió resignar el capítulo fiscal, tal como había anunciado el viernes pasado el ministro de Economía Luis Caputo, para no ver naufragar la iniciativa en Diputados.
Pero además hay un ajuste en las facultades delegadas y desaparecen las emergencias previsional, de salud y de defensa. Es decir, con la última poda que arrasó con la fórmula de movilidad jubilatoria, de aprobarse esta versión de la ley Javier Milei no podrá luego gestionar desde el Ejecutivo un esquema de actualización de los haberes de los jubilados. En otras palabras: despeja suspicacias respecto a que el Gobierno avance luego, a través de poderes especiales, con lo que no consiguió en la mesa de negociación parlamentaria.
Aunque todavía no fue citada formalmente la sesión del martes, Ámbito pudo saber que se espera que este lunes sea un día intenso en las oficinas de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, donde trajinarán los jefes de los bloques dialoguistas: Rodrigo De Loredo (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), para convocar luego con los porotos en la mano.
“Vamos a apoyar”, adelantó a Ámbito Ritondo. El texto era leído en paralelo con minuciosidad por radicales y por el espacio federal, máxime tras las desprolijidades del último dictamen, donde diputados firmaron modificaciones que no estaban plasmadas en el papel, bajo la promesa de hacer cambios en el recinto.
Descontados los rechazos de Unión por la Patria y de la izquierda, los llamados dialoguistas son la llave para que Milei obtenga la ley, tras la derrota de la semana pasada, cuando Caputo bajó retenciones, Ganancias, jubilaciones, entre otros ítems, tras los cruces con los gobernadores, en especial los de Juntos por el Cambio, quienes no encontraron respuestas en la Casa Rosada y le torcieron el brazo a los libertarios.
Ahora, resta ver si eliminado el capítulo habrá mayores recortes a las provincias, pese a que los gobernadores no ven qué otras partidas podrían ser víctimas de la motosierra, que ya pasó sin piedad por obra pública y ATNs.
Los mandatarios provinciales volverán a reunirse y también sumarán al cordobés Martín Llaryora, que se volvió combativo pese a haber asegurado sillas claves en la administración nacional, como Anses, Transporte o Banco Nación.
“Si hay ánimo de apoyar, ya se avanzó mucho. Si empezamos otra vez artículo por artículo, no. El gobierno hizo cambios aceptando las propuestas de distintos sectores. No sigan tirando de la cuerda”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos. En el Gobierno entienden que los mandatarios de Juntos por el Cambio son voraces: que una vez obtenida una concesión piden otra. Y así indefinidamente. Por otra parte, en la oposición observan que la negociación con Francos luego se desautoriza desde el círculo más íntimo del Presidente.
Por otra parte, las propias internas del radicalismo obstaculizan un voto homogéneo. El ala más dura, con Facundo Manes al frente, amaga con rechazar también en general. O acaso abstenerse para tomar distancia de UxP. En el bloque de 23 diputados de Pichetto hay también posiciones más duras, como el de la socialista Mónica Fein o sectores de la Coalición Cívica. Algunos provincialismos, por su parte, muestran menos predisposición tras las amenazas a los gobernadores, que calan hondo no solo en dirigentes, sino también en los habitantes de esas provincias, que sienten más identificación con mandatarios locales que con el león libertario.
El nuevo texto también retoma el rol querellante de la Oficina Anticorrupción. Respecto a las emergencias, quedan en pie la de las materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024, con opción de prórroga por un año con aprobación del Congreso. Ya era sabida la eliminación del articulado referido a blanqueo de capitales, retenciones, moratoria, Bienes Personales, la ley de Ganancias y fórmula de actualización previsional.
Asimismo, se elimina el artículo que establecía la transferencia de activos del FGS de la Anses al Tesoro. Si bien Luis Caputo dejó afuera el capítulo fiscal, se mantiene la parte de impuestos internos, transparencia fiscal, otras medidas, como la asignación específica del impuesto PAIS.
El oficialismo también aceptó dejar afuera la facultad de disolución para el caso de: empresas públicas, universidades y entidades incluidas en el inciso c del art. 8 e la Ley 24.156 (INTA y Conicet).
