A poco de conmemorarse los 30 años del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recibió en la Casa de Gobierno al Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, quien invitó formalmente al mandatario provincial a participar del Encuentro Federal por la Memoria el 25 de junio en la ciudad de Buenos Aires.
LA PROVINCIA 16 de mayo de 2024
Convocada por la Federación de Comunidades Judías Argentinas (Vaad Hakehilot, que funciona en el seno de la AMIA), la jornada reunirá a gobernadores de todo el país y a presidentes de las comunidades judías de la Argentina, con el objetivo de renovar el compromiso con el ejercicio de la memoria, y denunciar la impunidad aún vigente en la causa del atentado.
Al finalizar la audiencia con el gobernador, el Rabino Eliahu Hamra agradeció la cordialidad en el recibimiento, y se refirió a la importancia de que los mandatarios provinciales participen del Encuentro que, por primera vez, reunirá a gobernadores de todo el país, para manifestar su compromiso con el pedido de justicia y el homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, en el barrio porteño de Once.
El Encuentro se realizará en el marco del Mes de la Memoria, una iniciativa desarrollada por la AMIA durante los 30 días previos al aniversario del ataque, para visibilizar masivamente la lucha contra el olvido y la búsqueda de justicia.
“El atentado contra la AMIA es una dolorosa herida abierta para toda la sociedad, y una asignatura pendiente de la democracia argentina. A pesar del paso del tiempo, tenemos el fuerte compromiso de seguir exigiendo justicia, y en este reclamo, es muy importante contar con el apoyo de todos”, sostuvo Hamra, tras el encuentro con el gobernador.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados instó a movilizarse en rechazo a la reforma laboral. También celebró que se haya dado marcha atrás con la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. “No lo pudieron imponer y esto tiene que ver con la lucha”, afirmó.
El fallo hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, anuló los actos derivados de la norma y restableció la integración anterior del Tribunal Superior de Justicia.
En el marco del debate por el nuevo sistema electoral, el diputado dijo que hay que buscar lo que sea “práctico” para el elector. La discusión se retomará en el mes de marzo. Según indicó, no hay urgencia porque “por el lado legal, estamos cubiertos”.
El Secretario Administrativo de ADOSAC advirtió que el proyecto que impulsa el gobierno nacional “anula el rol del Estado como responsable principal de la educación y rompe prácticamente todos los fundamentos de la carrera docente”. También se manifestó en contra de la reforma laboral.
“Si hay fiestas hay regalos, si hay regalos hay promociones”.
En el marco del debate por el nuevo sistema electoral, el diputado dijo que hay que buscar lo que sea “práctico” para el elector. La discusión se retomará en el mes de marzo. Según indicó, no hay urgencia porque “por el lado legal, estamos cubiertos”.
El oficialismo armó las comisiones donde se aseguró la mayoría para avanzar con esta iniciativa clave para el Gobierno.
El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.
El Secretario General del SOEM de Río Gallegos rechazó el proyecto de Modernización Laboral y aseguró que “no hay ninguna buena” para los trabajadores. Advirtió que “es el puntapié para el avance en otras reformas estructurales que también van a golpear a las provincias y a los municipios”.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
