El proyecto introduce cambios significativos al artículo 42 de la mencionada ley, ampliando la prohibición de utilizar la publicidad oficial para la promoción personal de funcionarios, añadiendo ahora la restricción explícita contra la promoción político-partidaria. Además, se incorpora un nuevo artículo 42 bis, que detalla una serie de actividades prohibidas para empleados y funcionarios públicos, como la utilización de recursos del Estado para fines de proselitismo, la participación en campañas políticas durante el horario laboral y el uso de bienes públicos con fines electorales.
Según Roxana Reyes, esta propuesta responde a la necesidad de asegurar que los actos de gobierno se realicen con la única motivación de servir al interés público, evitando cualquier confusión entre la gestión de los recursos estatales y los intereses personales o partidarios de quienes los administran.
"Es fundamental que los recursos del Estado no se utilicen para el beneficio político de unos pocos, sino para el bienestar de toda la comunidad", señaló la diputada.
La iniciativa también apunta a fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En este sentido, Roxana Reyes destacó que "una conducta ética y transparente es indispensable para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y preservar los valores de nuestra democracia".
El proyecto ya ha sido presentado en la Cámara de Diputados y espera contar con el apoyo de otros legisladores para avanzar en su tratamiento.
La diputada Reyes subrayó la importancia de esta reforma, considerando las numerosas denuncias y casos de uso indebido de recursos públicos con fines electorales que han salido a la luz en los últimos años.
"Este tipo de prácticas no solo son antiéticas, sino que también erosionan la confianza pública y desvirtúan el verdadero propósito de la función pública", remarcó la legisladora.
Este proyecto de ley se inscribe en un contexto de creciente demanda por parte de la sociedad de mayor transparencia y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, y busca establecer un marco legal más riguroso que garantice que el manejo de los recursos del Estado se realice siempre en beneficio del conjunto de la población y no en favor de intereses particulares.
“El proyecto busca que la publicidad de actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos, no suponga una promoción político partidaria ni personal de ningún funcionario”, destacó Roxana Reyes.
Reyes explicó que es habitual a lo largo y a lo ancho de nuestro país, encontrar la promoción de obras o servicios con la leyenda “Gestión” seguida por el nombre y apellido del intendente, gobernador o presidente. Este tipo de promoción personal y político partidaria es lo que a través de esta reforma se intenta eliminar.
También se busca excluir la promoción político-partidaria o personal de las actividades que puedan llevar a cabo los empleados o funcionarios públicos en nombre o a cuenta del gobierno. Esto es, no poder utilizar redes sociales oficiales para su promoción personal o partidaria; no poder utilizar los recursos del estado, sus instalaciones y sus bienes con ese fin; no colocar ni permitir la colocación de símbolos partidarios en instalaciones oficiales; no poder sustituir o confundir los símbolos o logos oficiales, con los logotipos o diseños políticos partidarios; eliminar la leyenda "Gestión" seguida del nombre propio de algún funcionario.
“Con esta ley buscamos prohibir que los fondos públicos sirvan para hacer promoción de candidatos o menciones a partidos o espacios políticos. Esta es una práctica común que tenemos que frenar”, finalizó la diputada.
