En una Resolución emitida este mismo viernes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) informó oficialmente que "no ratifica las Resoluciones de Presidencia dictadas Ad Referéndum por su titular, el Dr. Daniel Mauricio Mariani", mediante las cuales se había dispuesto la toma de juramento a ambos funcionarios tras la sesión secreta en la Legislatura de Santa Cruz, designados por el Poder Ejecutivo Provincial mediante los decretos N.º 0858/25 y N.º 0859/25.
Según el documento, el pleno del Tribunal -máxima autoridad Judicial de la Provincia- dejó constancia de su discrepancia con el acto de juramento celebrado por el presidente del cuerpo, en virtud de considerar que la investidura de los nuevos vocales (Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora) requiere previamente "un análisis de legalidad y constitucionalidad del procedimiento de designación".
“La atribución de conferir juramento no puede ser concebida como un acto meramente ceremonial o de ejecución automática”, advierte el fallo, señalando que el juramento representa la culminación de un proceso complejo que debe cumplir con todas las garantías legales.
La resolución enfatiza que verificar la regularidad de los procedimientos “es un deber funcional e inescindible de las potestades de superintendencia” que el ordenamiento reconoce al Tribunal como cabeza del Poder Judicial.
La designación de los doctores Acevedo y González Nora se formalizó mediante decretos del Poder Ejecutivo Provincial, tras ser aprobada en una sesión secreta y extraordinaria de la Cámara de Diputados este jueves 25 de septiembre. La rápida secuencia de los hechos -designación, decreto y jura en apenas 24 horas- generó malestar dentro del propio Superior Tribunal de Justicia, que ahora se desmarca del procedimiento y sostiene que el mismo es "nulo" e "insanable".
"No puede soslayarse que al momento de la celebración del juramento, se encontraban vigentes dos mandas judiciales expresas que ordenaron suspender el trámite legislativo" señala un párrafo de la Resolución del STJ, haciendo referencia a la medida cautelar presentada por el gremio judicial del 19 de septiembre pidiendo que la Cámara "se abstenga de dar tratamiento a las ternas por el término de 10 días o hasta el dictado de resolución sobre la medida cautelar"; y la segunda presentación canalizada por los diputados provinciales Eloy Echazú y Lorena Ponce, impulsada con mismo sentido, pero ampliando a la comisión de delito de "desobediencia institucional" lo que compromete la juridicidad del procedimiento y "priva de causa lícita a las designaciones" analiza el dictamen del Organismo Judicial.
"En tales condiciones, la jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional, pues consolida de hecho los efectos de un acto legislativo que podría refutarse nulo de nulidad absoluta e insanable" señala la Resolución que lleva las firmas de los Vocales Alicia de los Angeles Mercau, Fernando Basanta, Paula Ludueña y René Fernández, además de la firma del Secretario del STJ, Alfredo Fernando Costabel.
Los Vocales cuestionan la decisión del Presidente Daniel Mauricio Mariani de habver procedido con el acto de juramento, "sin haber sometido el asunto al conocimiento y deliberación del Cuerpo a pleno, desnaturalizando las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Justicia" y agregan que su decisión "no puede interpretarse como un poder autónomo para investir de legitimidad a designaciones cuya juridicidad se encuentra cuestionada".
"En virtud de lo expuesto precedentemente, y habida cuenta las medidas cautelares existentes, este Alto Cuerpo no ratifica las resoluciones de Presidencia (...) ya que no se puede otorgar eficacia jurídica a dichos actos, sin lesionar el orden jurídico vigente y el sistema republicano de Gobierno"
¿Qué viene ahora?
La decisión del Superior Tribunal de no ratificar las resoluciones abre un nuevo frente jurídico y político, ya que deja en suspenso la efectiva incorporación de los vocales designados, poniendo además en tela de juicio el procedimiento de jura llevado adelante hoy con la presencia del propio gobernador Claudio Vidal.
Esta situación continúa planteando interrogantes sobre la división de poderes, el rol del Superior Tribunal de Justicia como órgano de control, y los mecanismos de designación judicial en Santa Cruz.
