La Policía de Santa Cruz atraviesa un clima de fuerte tensión interna luego de que la Jefatura resolviera aplicar una sanción disciplinaria inédita por su magnitud. En las últimas horas se oficializó el arresto policial simple por 20 días para más de 300 efectivos que no completaron el examen de aptitud física exigido por la conducción.
La medida alcanza a personal de distintas áreas y localidades de la provincia y se sustenta en la Circular N° 020-JP/2025, impulsada por la Dirección General de Bienestar Policial. En los considerandos, la Jefatura justificó la sanción como un castigo de carácter “ejemplificador” ante el incumplimiento de una orden formal.
Sin embargo, la decisión generó un amplio rechazo puertas adentro de la institución. Entre los principales cuestionamientos se señalan la aplicación simultánea del arresto a más de 300 agentes, la dureza de la sanción frente a una falta considerada administrativa y la difusión de un anexo con el listado nominal de los efectivos sancionados, lo que fue interpretado por algunos sectores como una posible vulneración del derecho a la privacidad y al habeas data. A esto se suman versiones sobre dificultades económicas para afrontar los estudios requeridos y reclamos de efectivos que aseguran no haber recibido información clara y suficiente sobre el procedimiento y sus plazos.
Aunque el término “arresto” suele asociarse a una detención penal, en el ámbito policial se trata de una sanción disciplinaria. La Ley Provincial N° 746, que regula el personal policial de Santa Cruz, lo define como una “simple detención” bajo las condiciones que establezca la reglamentación vigente y prevé, en el caso del personal subalterno, su cumplimiento incluso sin afectar la prestación del servicio. La disposición también ordena notificar a los sancionados en plazos breves y remitir la documentación a la Dirección General de Personal dentro de las 48 horas para su incorporación al legajo individual.
Este último punto genera especial preocupación, ya que los antecedentes disciplinarios inciden directamente en la carrera profesional. El Reglamento de Promociones contempla inhabilitaciones para ascensos según la situación administrativa y el historial de sanciones, con umbrales de arresto que pueden afectar el año de promoción.
La sanción se enmarca en una política iniciada en octubre de 2025, cuando el Gobierno provincial lanzó un esquema integral de evaluación física y sanitaria para toda la fuerza, tanto personal operativo como administrativo. El plan incluye pruebas físicas y estudios médicos complementarios, como radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos, con una aplicación progresiva en el interior provincial. Al presentar esa iniciativa, el entonces jefe policial, comisario general Diego Agüero, había señalado que “el personal trabaja con su cuerpo” y que la institución necesita agentes en condiciones de brindar “respuestas eficaces y eficientes”. Hoy, esa política derivó en una sanción que abrió un profundo debate interno dentro de la fuerza.
Fuente: TiempoSur
