El 5 de julio, los concejales radicales Daniel Roquel, Juan Kingma y Fabián Leguizamón, este último Presidente del HCD Río Gallegos, presentaron una denuncia penal en el Juzgado de la Dra. Marcela Quintana, contra 11 ex funcionarios municipales de la gestión 2011-2015 que incluyó al ex jefe comunal Raúl Cantín, el ex secretario de Hacienda, Sergio Menéndez, los ex secretarios de Obras Públicas, Néstor Méndez y José Zavaley, y Directores de obras y Servicios, entre otros.
La presentación -que es un ampliación de la denuncia que efectuó el Tribunal de Cuentas en 2016–también alcanza a dos propietarios de una empresa, y se basa en el alquiler de maquinarias utilizadas en el Vaciadero municipal que se pagaron pero que no se habrían utilizado. La suma en principio alcanza 135.000 pesos.
La denuncia que cuenta de nueve hojas, que incluye detalle de las horas alquiladas a la empresa, advirtió que hubo falsificación de documentación de acuerdo a la contratación del Ejecutivo, que fue detectado luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda del HCD (compuestas por los ediles que denunciaron) hizo revisión de cuentas del ejercicio 2013. Se habría constatado que los documentos presentados por la comuna por los cuales se pagaron las horas de utilización de maquinaria, no se correspondían con el original, o en algunos casos fueron adulterados. En concreto, en los expedientes figuran 178 horas, pero se pagaron 300 horas.
Durante el año 2016, personal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del HCD de la ciudad de Río Gallegos, comenzó con la tarea de revisar las rendiciones de cuentas del ejercicio 2013.
En este sentido, EL MEDIADOR dialogó con el Dr. Germán Juárez, abogado que patrocina la presentación de la denuncia penal contra el ex intendente Raúl Cantín y otros ex funcionarios municipales durante 2011-2015 quien habló sobre las irregularidades en la certificación de horas de trabajo de máquinas contratadas por la comuna.
Consultado por la documentación con la que se han encontrado fue “se encontraron facturas originales de 22 partes diarios originales de equipos, que eran certificaciones de días máquina, eso llamó la atención y lo que se hizo fue pedir los expedientes correspondientes a los pagos de eso, y verificando los expedientes se dieron cuenta que lo que al principio sería novedoso y llamativo terminó siendo que realmente según la documentación en copia existen días en los cuales se certificó servicios que no cuentan con el respectivo parte, es decir, que en realidad no se prestó realmente el servicio”.
En la denuncia se precisaron las fechas: domingo 10 de febrero de 2013, lunes 11 de febrero de 2013, martes 12 de febrero de 2013, domingo 17 de febrero de 2013, domingo 24 de febrero de 2013 y domingo 3 de marzo de 2013.
Además hubo “burdamente” se modificaron los registros de la utilización de la maquinaria, y que además hubo un “pretendido "extravío" de la documentación”, lo que para los denunciantes “no es otra cosa que un modus operandi”, de la gestión anterior.
Además de alcanzar a todos los funcionarios intervinientes en la contratación, la imputación alcanza a Cantín y Menéndez, ya que ambos firmaron el Decreto Municipal N°973 del 13 de abril de 2015, que autorizó al ejercicio 2014 el gasto de 135.000 pesos, cifra en cuestión que no fue avalada por los documentos públicos.
La presentación recordó que “la sobre-escritura de los partes de servicio” (falsificación) no es “un hecho aislado en los procedimientos de reconocimiento de servicios y ulterior pago de los mismos durante la gestión municipal 2011/2015”, ya que el propio Tribunal de Cuentas confirmó este procedimiento “irregular” en auditoría realizada al Municipio. De este modo, detallaron que ”se observa el mismo modus operandi en los Pagos N°618/14 por la suma total de 138.000 pesos a la empresa RUMBO SUR S.A; N°458/14 por la suma de 146.880 pesos a la empresa FRANSOL S.H., y N°155/14 por 252.000 pesos a la empresa RUMBO SUR S.A.”.
En concreto, la denuncia de los ediles marcó que el delito sería Fraude en Perjuicio de la Administración Pública Municipal y Falsificación de Documentos Públicos “sin perjuicio de otros cuya comisión pudiere probarse durante la investigación”.
En resumen lo que se estaba certificando no tenía nada que ver con lo que se pagó. “No tenía nada que ver, imagínate que lo que se pagó fueron 300 horas y lo que estaba certificado era 178 horas máquina con una diferencia de 60%”, reveló el abogado Juárez.
