Los responsables deberán abonar entre $20 mil y $200 mil a una Asociación Civil, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, entre otros.
Un peritaje médico concluyó que el hombre que amenazó con la “horca” a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, con un megáfono frente al Instituto Patria, “no se encuentra en condiciones” de afrontar un proceso penal por el delito de amenazas.
La Cámara Federal de Casación Penal tomó esta determinación tras desestimar un recurso de la defensa contra la resolución dictada por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La norma del Código Penal prevé que "será reprimido con prisión de tres a seis años, el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones".
Ocurre luego de conocerse un llamado al 911 en el que amenazaban de muerte a la vicepresidenta. La decisión fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación del ataque.
Un usuario de Twitter escribió a fines de agosto: "¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri?".
Está ubicado a 98 kilómetros de Tres Cerros y será operado por la empresa canadiense Plato Gold. El Gobierno Provincial destacó que se trata de un avance estratégico en la exploración de oro y plata en el Macizo del Deseado.
En un hecho sin precedentes, el Vicegobernador Leguizamón usó los canales oficiales de la Legislatura de Santa Cruz para criticar a los diputados de SER que pertenecen a su propio espacio y el del gobernador Vidal, marcando un corte total del acuerdo político y un distanciamiento del partido gobernante.
La totalidad de los diputados del Bloque SER emitieron un comunicado, mostrándose juntos en una foto, donde desmienten al Vicegobernador. Lo acusan de vaciamiento de personal, contrataciones efectuadas por Presidencia y situaciones de conflicto generadas por Leguizamón con el personal.
La secretaria adjunta de ADOSAC respondió a las declaraciones de la titular del Consejo Provincial de Educación y reclamó respuestas urgentes tras la pérdida de gas en la Escuela Especial N°6 de Río Gallegos, que dejó docentes hospitalizadas.
El gremio docente solicitó que la justicia investigue posibles delitos por incumplimiento de deberes de funcionario público. Se presentó como querellante para impulsar la causa.