Los responsables deberán abonar entre $20 mil y $200 mil a una Asociación Civil, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, entre otros.
ACTUALIDAD 07/05/2023
Diez imputados en la causa que investiga las amenazas de muerte que recibió la familia del actual ministro de Economía, Sergio Massa, en 2020 se reconocieron culpables y deberán cumplir con la probation.
Fue a raíz de haber hecho público su número de teléfono y el de integrantes de su familia, en 2020. Los acusados tendrán ahora registrado el hecho en sus antecedentes penales. Por otra causa, habría un detenido.
El Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió suspender el proceso a prueba respecto de los 10 imputados en la causa por múltiples amenazas contra Sergio Massa, su esposa Malena Galmarini y familia, en 2020, tras haberse difundido públicamente sus números de teléfono, y les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias. Además, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos" por montos que varían entre $20 mil y $200 mil.
En septiembre del 2020, Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados y su esposa, Malena Galmarini, habían recibido múltiples amenazas tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus teléfonos.
Tras la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.
Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.
De esta manera, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la Fiscalía, "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad", los imputados deberán abonar entre $20 mil y $200 mil a la Asociación Civil "Pequeños Pasos"; entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes; realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.
FUENTE: Ámbito.
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Con el Decreto, según lo publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno busca estabilizar las finanzas públicas y enfrentar la crisis económica que aqueja al país.
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