Los responsables deberán abonar entre $20 mil y $200 mil a una Asociación Civil, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, entre otros.
ACTUALIDAD07 de mayo de 2023
Diez imputados en la causa que investiga las amenazas de muerte que recibió la familia del actual ministro de Economía, Sergio Massa, en 2020 se reconocieron culpables y deberán cumplir con la probation.
Fue a raíz de haber hecho público su número de teléfono y el de integrantes de su familia, en 2020. Los acusados tendrán ahora registrado el hecho en sus antecedentes penales. Por otra causa, habría un detenido.
El Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió suspender el proceso a prueba respecto de los 10 imputados en la causa por múltiples amenazas contra Sergio Massa, su esposa Malena Galmarini y familia, en 2020, tras haberse difundido públicamente sus números de teléfono, y les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias. Además, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos" por montos que varían entre $20 mil y $200 mil.
En septiembre del 2020, Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados y su esposa, Malena Galmarini, habían recibido múltiples amenazas tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus teléfonos.
Tras la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.
Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.
De esta manera, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la Fiscalía, "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad", los imputados deberán abonar entre $20 mil y $200 mil a la Asociación Civil "Pequeños Pasos"; entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes; realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.
FUENTE: Ámbito.
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