En la misiva que Fernández envió a Lasso, publicada en las redes sociales, dijo que la Justicia chilena “se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores” por la decisión de los tribunales de Santiago de aplazar el juicio del caso SQM, que involucra al excandidato presidencial, Marco Enríquez Ominami, miembro -al igual que Fernández- del Grupo de Puebla.

 En ese sentido, Cordero rechazó los cuestionamientos del mandatario argentino y los calificó como “impertinentes e impropios”. “Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones de los juicios orales, pero una cosa muy distinta es transformar eso en problemas de proceso y garantía”, declaró el ministro y le reclamó a Fernández que sea “respetuoso con las instituciones”.

No es la primera vez que el presidente argentino critica a la justicia chilena. A mediados de febrero suscribió una carta del Grupo de Puebla en la que 29 firmantes denunciaban que “desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.

Además de Alberto Fernández, en la misiva aparecían los apoyos del ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero y de líderes latinoamericanos como el colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa, el panameño Martín Torrijos y el boliviano Evo Morales.

En declaraciones a la prensa local, Cordero afirmó entonces que “no se atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina” y calificó el contenido de “improcedente e impropio”.

Tras ocho años de investigación del caso SQM y una nueva postergación del juicio, en febrero un tribunal ordenó abrir un sumario, en el marco de una indagatoria interna, en contra de jueces y funcionarios del Poder Judicial por los reiterados atrasos en la apertura de la vista oral.

El escándalo SQM estalló en 2015 e investiga una presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, una de las mineras de más peso del país, a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.

El caso comenzó a ser indagado a fines de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por un caso similar de facturas falsas, conocido como “caso Penta”.

FUENTE: INFOBAE