Alejandra Beroiz: "Queremos que los canales institucionales funcionen como deberían”

Judiciales denunció ante el Tribunal Superior de Justicia a dos funcionarias de la justicia para que tome las medidas institucionales que correspondan. Una fue sumariada, y la otra, cuenta con denuncias por violencia laboral.

En este sentido, la Secretaria General de Judiciales, Alejandra Beroiz, dialogó con EL MEDIADOR expresó: “Desde que asumimos la conducción del sindicato hemos dejado en claro cuestiones de violencia laboral, que abordamos hace un tiempo, un relevamiento en toda la provincia. Tuvimos varias intervenciones, estuvo complejo la creación de la Oficina de Bienestar Laboral, en la que no pudimos tener la participación que esperábamos”.

“Vamos a empezar a poner sobre la mesa estas situaciones, una funcionaria de Caleta Olivia tiene una denuncia por violencia laboral, que se presentó en el TSJ por el cual pedimos información, no tuvimos respuesta hasta ahora”

“En el otro caso, tomamos conocimiento de que habría un sumario administrativo en curso con otros informes, pedimos ante la cantidad de comentarios que se nos de formalmente una información si existe o no un sumario”, aseveró.

Ellas son a Dra Camila Rummi, de la Defensoría Oficial N° 2; y Ximena Villares, Defensora Oficial, pero de Caleta Olivia.

Luego, Beroiz detalló: “Ahora esperamos la información de las causales. Lo que tiene que ver con el funcionamiento de las dependencias repercute en lo justiciable. Pedimos que se instruya en los canales que se debe instruir, queremos que los canales institucionales funcionen como deberían, hace tiempo que esto no sucede”.

Judiciales advirtió en la misiva enviada al que el TSJ no puede obviar dicha situación, por lo cual se deben determinar las responsabilidades que les quepa a estas dos funcionarias y si fuera el caso, aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes.

Por otro lado, Beroiz fue consultada por cómo se lleva adelante el ingreso de trabajadores al poder judicial: “Continúan los ingresos irregulares, pedimos una auditoría, planteamos que las condiciones de ingreso no son las que reglamentariamente corresponden. Planteamos que las personas que pasen a la planta rindan un examen. Este requisito no se cumplió, se los contrató de manera irregular, fuera de la reglamentación. Tiene que haber un orden en estas cosas”.

“Sigue existiendo el contrato sin concurso, en junio hubo 60 entrevistas para el ingreso a maestranzas, nosotros seguimos denunciando públicamente planteando que es irregular, estamos esperando respuestas desde el TSJ”, finalizó.