Las imágenes de este arrumbamiento son elocuentes, y generan numerosos interrogantes que fueron respondidos por el supervisor de Tránsito de la Municipalidad de Caleta Olivia, Marcelo González.

El funcionario contó que la mayoría de las motos se fue acumulando desde hace más de ocho años y que del total, solo un centenar fueron retenidas durante la nueva gestión comunal que se inició a fines de 2015.

Pero en todos los casos hay patrones comunes en los motivos de las capturas preventivas que se registraron generalmente en la vía pública: falta de documentación, conducidas por chicos que recién ingresan a la adolescencia y rodados “ensamblados” que en algunos caso incluyen partes de algunos que fueron producto de ilícitos.

Algunos padres de los menores de edad ni se ocupan de aportar documentación y muchas veces les compran otras nuevas a sus hijos al considerar que ello les resultaba más fácil que realizar engorrosos trámites para recuperar las motos que fueron incautadas

Además hay que tener en cuenta que, al menos hasta hace pocos años, podían ser adquiridas con cómodas cuotas, incluso en comercios que las exhiben como complemento de muebles y electrodomésticos.

Pero también se sabe que los propietarios son muchos jóvenes que las adquirieron por cuenta propia y saben que difícilmente, cuando no imposible, podrán recuperarlas por aquello de no contar con papeles que acrediten pertenencia.

Casi el noventa por ciento tienen una cilindrada de 100 a 200 centímetros cúbicos, entre ellas las denominadas scooter y en el Corralón no hay retenida ninguna de motores poderosos ya que en estos casos generalmente los dueños son muy cuidadosos con la documentación debido al alto costo que les representa ese tipo de máquinas.

Lo concreto es que el considerable parque incautado prácticamente ya no tiene dueño porque tampoco le pertenece al municipio y por ello se plantea un incierto futuro del mismo.

El hecho de que no estén resguardadas bajo techo irá acelerando el proceso de deterioro y en pocos años más muchas de ellas se convertirán en chatarra.

En ese contexto no existe alguna normativa municipal que determine qué hacer con este material rodante porque ningún concejal, de esta y anteriores gestiones, se ocupó de atender este tipo de circunstancia, aparentemente porque no la evaluaron con una problemática.

Sin embargo, González reveló que el Departamento Ejecutivo ya está elaborando un proyecto de ese tipo para elevarlo al cuerpo deliberativo comunal con dos premisas o alternativas básicas.

Una de ellas apunta a que se autorice la venta de las motos en una subastas públicas y que la recaudación sea destinada a gastos de la Supervisión de Tránsito o bien a otras áreas. La restante, que puede ser complementaria, indicaría que parte de las motocicletas sean donadas a instituciones comunitarias para que ellas resuelvan su destino, claro está con documentación habilitante.

FUENTE: El Patagónico.-