Los concejales radicales Leonardo Roquel y Daniela D'Amico fijaron su posición mediante comunicados de prensa en donde plantean su desacuerdo con el régimen de sanciones aprobado hoy en la sesión del Concejo Deliberante de Río Gallegos, un decreto que el Municipio impulsó para poder accionar sobre quienes incumplen y violan las normas en vigencia, poniendo con su conducta imprudente en peligro a todos los vecinos de la ciudad.
“Una vez más los concejales del Frente de Todos votaron en contra de los vecinos y comerciantes, aprobando la aplicación de multas" expresa el título de un comunicado enviado por el concejal Leonardo Roquel.
"Expresamos el rechazo absoluto a la aprobación del Decreto Municipal sancionado hoy en Sesión Ordinaria del Cuerpo, avalando entre otros puntos a partir de ahora, la aplicación de multas a vecinos que circulen fuera del día en que estén habilitados de acuerdo a la terminación par e impar de su Documento Nacional de Identidad, como así también a los comercios que permitan el ingreso de clientes que no estén autorizados para transitar bajo el mismo criterio" señala textualmente el comunicado enviado por el edil radical.
"Nuevamente los concejales del oficialismo le dan la espalda a la gente y ahora votan a favor de aplicar multas a los ciudadanos, cuando como oposición les hemos venido planteando diferentes medidas, paliativos y soluciones para colaborar y ayudar en la prevención y control del brote de Covid 19, todas ellas desoídas y dejadas de lado en los ámbitos donde las presentamos, tanto en la Junta Municipal de Protección Civil o COE local, como así también en las distintas sesiones ordinarias del Concejo”.
Extrañamente, el presidente del Bloque Unidos asegura estar en contra de que se apliquen sanciones a quienes incumplen con la ley y los decretos en vigencia, poniendo en igualdad de condiciones al vecino responsable que se cuida, que aquel que forma desinteresada y sin responsabilidad alguna, continuamente incurre en acciones que violan las restricciones en vigencia por la pandemia.
Por su parte, la concejal Daniela D'Amico aseguró en otro comunicado “La actual gestión demuestra una vez más la falta de empatía con el vecino”.
D’Amico, no acompañó la medida porque, según expuso, “vulnera las garantías constitucionales de los ciudadanos. Son infracciones que no pueden establecerse dentro del Código de Faltas ni de la Ley Nacional de Tránsito. Lo que hicieron hoy fue un mamarracho jurídico”. La concejal dijo que con esta medida no hacen más que “afectar al trabajador informal que se gana el peso día a día. La actual gestión demuestra la falta de empatía con el vecino. Atravesamos un momento de crisis, que afecta a todos los sectores de la sociedad, en especial a los más vulnerables. No se puede recaudar a cualquier costo” afirmó.
Para finalizar D’Amico explicó que con esta medida “Siguen afectando a los sectores más golpeados por la pandemia. La multa y el castigo económico no es la única herramienta, primero deberían dar el ejemplo. A partir de ahora, los comercios pequeños, la persona que limpia por hora, el que vende pan en la esquina y el que sale a pescar para comer, deberá pagara multas de hasta 137 mil pesos para sostener una gestión que en la práctica hizo muy poco para evitar el colapso sanitario que nos toca vivir”.
Sin embargo, el decreto aprobado hoy en el Concejo, es una herramienta similar a la que se aplica en decenas de ciudades del país, incluso dentro de la provincia, en Caleta Olivia donde ya tiene más de un mes de vigencia, y que ha dado importantes resultados a partir de que ha evitado la circulación innecesaria de ciudadanos.
