Para Zannini, con Vialidad buscan “criminalizar la obra pública”

En la primera audiencia del año del único juicio oral en el que está imputada la vicepresidenta Cristina de Kirchner, a pedido de su defensa declararon en forma presencial en Comodoro Py el exsecretario de Legal y Técnica de los gobiernos del kirchnerismo, Carlos Zannini, y el exjefe de Gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina. Antes de comenzar a responder preguntas, Zannini criticó en duros términos los fundamentos de la causa: “Tengo el peor de los conceptos del requerimiento fiscal”, lanzó ante el Tribunal Oral Federal 2. Y acusó al Poder Judicial de “usar el cronograma de audiencias y la propia causa en sí con fines electorales”. Consideró, además, que “se empezó con la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y la obra pública”. Para Zannini, “la tentativa más fuerte es horadar la honra” de Cristina y del resto de los imputados y esto “no es luchar contra la corrupción, esto es un hecho de corrupción”, afirmó.

Durante más de una hora y media, la declaración del actual Procurador del Tesoro robusteció el argumento central de la defensa que asegura que no pudo haber direccionamiento de partidas de dinero a favor de un empresario en particular ya que todas las obras realizadas entre 2003 y 2015 estaban fijadas en los presupuestos nacionales, que fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso y pasaron por numerosos controles.

¿Cómo se construye la ley de Presupuesto?, preguntó el abogado de Cristina, Carlos Beraldi: “Es imposible construir un presupuesto sin la participación de la Oficina de Presupuesto, la Tesorería, y la Oficina de Contabilidad”, explicó Zannini. Remarcó que pasa por el control de la Sigen y de la Auditoría General de la Nación y que siempre hay “participación personal de cada uno de los ministros en el área que le compete”, ya que es “lógico que cada ministro se preocupe por conseguir sus partidas” y que para cada presupuesto hay una cooperación con los ministerios por parte de la Secretaría de Legal y Técnica.

Según la denuncia, el presunto desvío de fondos se habría realizado a través de las ampliaciones de partidas presupuestarias. Sin embargo, la declaración de Zannini desterró esta posibilidad. “¿Qué dependencia hace la ampliación presupuestaria?”, preguntó el abogado de Julio De Vido, Gabriel Palmeyro. “La mayoría de los casos de modificación se generan en el ministerio de Economía, dentro de la oficina de Presupuesto. Y luego se coordina con el ministerio que lo esté solicitando”, explicó el funcionario. “Pasa por muchas oficinas con gente de mucha experiencia que ´no deja pasar una´ en términos presupuestarios. Es un trabajo colectivo y complejo”, agregó. Incluso, especificó que “cuando excede un determinado porcentaje, la ampliación del presupuesto debía ser por ley. Si había urgencia se empezaba con el dictado de un DNU y después en todos los casos fue ratificado por el Congreso”. En este sentido, Zannini hizo especial énfasis en explicar que, si un Decreto luego es votado por el Congreso, tiene el mismo rango que una ley. De esta manera desarmó el eje acusatorio sobre beneficios a Santa Cruz vía decreto y sin contralor.

¿El proyecto de Presupuesto puede recibir modificaciones en el Congreso?, preguntó Juan Villanueva, abogado de Lázaro Báez. “Si, por su puesto. Es público y notorio que cada diputado o cada senador quiere tener alguna obra para su provincia. Hay distintos sectores que necesitan fondos nacionales y el lugar de disputa es en el debate de la ley de presupuesto en el Congreso”, dijo Zannini. “¿Están discriminadas las obras públicas viales en el Presupuesto?”. “Sí son de más de un año de duración están incluidas en una planilla específica” “¿Estas planillas se encuentran a disponibilidad de todos los legisladores?”. “Por supuesto. Están a disposición. Y en el Congreso todos manejan copias de lo que se está discutiendo”. “¿En la ley están especificadas las obras en ejecución?”. “Sí, claro. Cómo se invirtieron los recursos están especificados en la cuenta de inversión, que la controla la oficina de Contabilidad”. “¿Tienen la posibilidad los legisladores de no aprobar la cuenta de inversión?”. “Por supuesto, porque se somete a votación”.

De esta manera, el testigo respaldó la postura de las defensas: cómo pudo haber direccionamiento de partidas en forma discrecional si las ampliaciones presupuestarias pasaron por numerosos organismos de control y estuvieron sometidas al voto de todos los legisladores de todos los partidos políticos.

Zannini también descartó beneficios a Santa Cruz por sobre el resto de las provincias. Explicó que el distrito estaba muy atrasado en términos de infraestructura y que la baja cantidad de habitantes no puede ser determinante a la hora de definir si se hace o no una obra.

El actual procurador del Tesoro negó enfáticamente beneficios a Báez: “¿Conoce a Lázaro Báez?”. “Sí. Es un pueblo muy chico Río Gallegos. Estábamos en la Municipalidad y él trabajaba en el banco”. “¿Báez o algún tercero le pidió hacer o dejar de hacer algo para beneficiarlo?”. “No. Primero que no lo hubiera permitido. Segundo, no ocurrió”.

En los mismos términos declaró Abal Medina. Dijo que la elaboración del Presupuesto “es uno de los actos más complejos de la administración pública” ya que “intervienen numerosas áreas del Gobierno y todas las jurisdicciones”. “¿Hubo beneficios a Santa Cruz por sobre las otras provincias?”. “Obviamente que no”, respondió Abal Medina.

Con la declaración de ambos exfuncionarios quedó inaugurada la ronda de testimonios de alto voltaje político, que incluirá a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Sergio Massa (comparecerá el 16/02 vía zoom) y nada menos que el Presidente. Alberto Fernández irá en forma presencial a Comodoro Py el próximo 15 de febrero. Abiertamente crítico de este juicio, el jefe de Estado eligió estar cara a cara con el Tribunal para declarar a favor de Cristina de Kirchner.

Fuente: Ámbito