
Arranca hoy el paro de controladores aéreos: el cronograma de la medida de fuerza
EL PAIS17 de diciembre de 2025El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.


Lo decidió el juez Roberto Gallardo tras detectar que fue utilizado para acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas. Hay periodistas, dirigentes y funcionarios, entre otros.
EL PAIS13 de abril de 2022






La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar que fue utilizado para acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellos dirigentes políticos, sociales, sindicales, de derechos humanos, jueces, empresarios y periodistas.


La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba al constatar que el sistema había sido utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas personalidades públicas.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) estaba habilitado para migrar datos biométricos de las personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y llegaron a 40.000 al momento de contestar el oficio, mientras que entre abril de ese año y marzo del 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde el Ministerio de Seguridad de CABA fueron más de 9 millones.
Las búsquedas presuntamente irregulares fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), a cuya base de datos recurre el sistema de reconocimiento facial para migrar los datos biométricos (en particular, las imágenes de los ciudadanos registradas en la documentación personal).
Del informe elaborado por el Renaper surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).
También fueron migrados de modo presuntamente irregular los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.
La lista continúa con los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).
Entre los periodistas que figuraban en el sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).
La lista incluye también empresarios, fiscales federales; a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces) y a la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).
Respuesta
Tras conocerse la medida, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad defendió el sistema de reconocimiento facial y explicó que "funciona SOLO con una base de datos que es pública y lo que hace es identificar UNICAMENTE a las personas que tienen un pedido de captura de la Justicia"
"Operaba en forma rotativa sobre 300 de las más de 10.000 cámaras dispuestas en todo el territorio porteño. En vía pública, y en subtes, por ejemplo", destacaron desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Por último, detallaron que las consultas al RENAPER, realizadas desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, "no son exclusivamente por contraste con el Sistema de Reconocimiento Facial" y que "responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y no representan ninguna irregularidad".
FUENTE: Ámbito.





El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.

Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.

El oficialismo armó las comisiones donde se aseguró la mayoría para avanzar con esta iniciativa clave para el Gobierno.

Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El Gobierno envió este jueves al Senado la iniciativa que buscará aprobar en sesiones extraordinarias

Estaban registradas en las categorías menores.



En el marco del debate por el nuevo sistema electoral, el diputado dijo que hay que buscar lo que sea “práctico” para el elector. La discusión se retomará en el mes de marzo. Según indicó, no hay urgencia porque “por el lado legal, estamos cubiertos”.

Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.

Desde hace cuatro años, la agrupación animalista Comedores Callejeros Solidarios trabaja en el rescate, rehabilitación y adopción de animales en Río Gallegos. Actualmente cuidan a cerca de 20 animales y advierten que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad del trabajo.

El Secretario General del SOEM de Río Gallegos rechazó el proyecto de Modernización Laboral y aseguró que “no hay ninguna buena” para los trabajadores. Advirtió que “es el puntapié para el avance en otras reformas estructurales que también van a golpear a las provincias y a los municipios”.

La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.





