La semana pasada, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció la suspensión del partido pendiente de las Eliminatorias entre la Argentina y Brasil. Oficialmente, se informó que las federaciones de los países involucrados llegaron a un acuerdo frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, detrás de ese entendimiento hubo una negociación política no conocida donde la Argentina se anotó una victoria política.

Para entender el eje de la polémica, hay que retrotraerse al 5 de septiembre de 2021, cuando una funcionaria del área de Salud del gobierno brasileño irrumpió en el Arena Corinthians de San Pablo para frenar el partido que habían comenzado a disputar Argentina y Brasil.

Las autoridades del gobierno de Jair Bolsonaro entendían que cuatro futbolistas argentinos (Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía) habían violado normas vinculadas a la pandemia de coronavirus y no podían disputar el clásico.

La polémica se trasladó a los tribunales deportivos de FIFA, donde la Argentina esgrimió en diferentes instancias que la realización del partido se había tornado totalmente abstracta, teniendo en cuenta que ambos equipos ya están clasificados para la Copa del Mundo y el resultado de un eventual partido no alteraría en nada la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Pero para Brasil no se trataba sólo de un partido de fútbol. Había cuestiones políticas que forzaban a la CBF (federación brasileña) a intentar a toda costa que esos 90 minutos  se disputaran dentro del terreno de juego y no en los escritorios.

El Tribunal de Disciplina de la FIFA aceptó en una primera instancia los argumentos brasileños y dispuso que el encuentro se jugara el 22 de septiembre pese a la resistencia de la Argentina y de los propios futbolistas de la selección carioca, que ya están con la cabeza en Qatar.

El partido era verdaderamente insostenible porque las Eliminatorias ya habían concluido para todas las confederaciones que integran la FIFA, el fixture de la Copa del Mundo de Qatar ya fue sorteado y ambas selecciones son cabezas de serie en virtud de su posición en el ránking, ambos equipos ya conocen sus grupos, sus rivales, sedes, días y horas de disputa de partidos y hasta dónde se alojarán. Y lo más importante: el encuentro del partido suspendido no modifica en nada las clasificaciones de las selecciones del continente.

Pero no siempre la razón se impone sobre la ley y mucho menos sobre la postura inflexible de quienes la deben aplicar, en este caso los integrantes del Tribunal de Arbitraje Deportivo ubicado en Lausana, Suiza. Por eso, para torcer una cuestión que parecía cosa juzgada, las autoridades de la AFA decidieron dejar de lado los escritos de los abogados para darle prioridad al diálogo y a la negociación política entre las federaciones y la FIFA.

Claudio “Chiqui” Tapia se movió para hacerles llegar argumentos contundentes a los allegados del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre los riesgos que representaba la disputa del partido suspendido el año pasado.

Uno de esos argumentos es bastante claro. Jugar un clásico de esta magnitud a dos meses del inicio de la Copa del Mundo abre una ventana bastante riesgosa tanto para la Argentina como para Brasil en tanto que sus jugadores pueden sufrir lesiones y/o suspensiones. Tratándose de un encuentro por Eliminatorias, las sanciones disciplinarias se cumplen en la Copa del Mundo, según establecen los reglamentos vigentes. Por otro lado, las “fechas FIFA” previas a la Copa del Mundo están reservadas para partidos amistosos que sirvan de preparación de acuerdo a las características de los rivales que han tocado en el grupo y en donde no sólo no se juega con la intensidad de un partido oficial (para de esta manera evitar lesiones y riesgos), sino que además las eventuales tarjetas no cuentan para el Mundial.

Pero hubo otro factor que no está escrito en ninguna apelación pero probablemente haya encendido luces de alerta en la oficina de Infantino: la naturaleza del escándalo producido el año pasado en San Pablo. Si la FIFA confirmaba la repetición del partido, hubiera convalidado la suspensión de un encuentro dispuesta por una autoridad política, en este caso el gobierno de Brasil.

Los conocedores de los reglamentos deportivos reconocen que esto hubiera sentado una jurisprudencia peligrosa para el futuro sobre un código en el que históricamente las distintas conducciones de la FIFA se han esforzado celosamente en quebrantar: la independencia entre las decisiones políticas y las deportivas. “Imaginen que Argentina y Brasil juegan en el Monumental y de golpe entra la ministra Carla Vizzotti a la cancha a suspender el partido; eso fue lo que pasó en el Arena Corinthians”, ejemplifican en la sede de la calle Viamonte.

Esas negociaciones derivaron en el comunicado conocido el 16 de agosto. “El partido Brasil-Argentina ya no se volverá a jugar, por lo que la fecha correspondiente permitirá que nuestra selección dispute en su lugar un encuentro amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2022″, precisó la AFA. Más allá de los entretelones contados en esta nota, se dijo oficialmente que ambas federaciones llegaron a un acuerdo frente al TAS.

También hubo fumata blanca con respecto a las multas: la AFA deberá pagar 150 mil francos suizos (USD 157.770) de los cuales el 25% será donado a la Organización Mundial de la Salud.

FUENTE: Infobae.